La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto de Presupuesto General del Estado, cuyo monto ascenderá a más de 921 mil 810 millones de pesos, con un déficit proyectado de RD$75 mil millones, equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ese Presupuesto se sustenta en una proyección de crecimiento de la economía para 2019 de 5% en proporción al PIB, de un nivel de inflación de 4%, de un dólar a RD$52 y el barril de petróleo a 62 dólares, aunque la bancada opositora ha denunciado que la pieza oculta una deuda adicional de 66 mil millones de pesos.
No debería olvidarse que lo aprobado ayer no es simplemente una relación de ingresos y egresos, sino un instrumento de desarrollo, cuyo contenido y proyección debería ser el resultado de una amplia consulta y consenso nacional y no la imposición del equipo económico oficial.

El incremento en el monto estimado de ingresos ha sido básicamente el resultado de una mejor eficiencia en la recaudación impositiva, aunque la presión tributaria no sobrepasaría el 15% en proporción al PIB, muy por debajo del ideal de un 18%, sugerido por organismos internacionales.

De todas maneras, el Gobierno ha apartado mil 200 millones para la construcción de estaciones de pasajeros en el Gran Santo Domingo; cuatro mil millones para el programa de asfaltado, 13.9 mil millones para mejora y construcción de infraestructura vial y 10.4 mil millones para construcción de acueductos.
Se resalta también que en el Presupuesto de 2019 se consignan dos mil 400 millones de pesos para el proyecto de mejoramiento urbano del Barrio Domingo Savio; mil 540 para la ampliación del Metro de Santo Domingo y tres mil cien millones para la presa de Monte Grande.

Los montos destinados a Salud, Justicia, vivienda y Ayuntamientos oscilan entre insuficientes y precarios, lo mismo que para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a cuya institución se destinan 500 millones de pesos adicionales, mucho menos de lo solicitado por sus autoridades.

Lo menos que se reclama del Gobierno es que en la ejecución de ese Presupuesto General del Estado se cumpla con el propósito de reducir el déficit fiscal, se restrinja el gasto superfluo y que, por ningún motivo, se ejecuten agendas ocultas que pongan en peligro no solo la viabilidad de ese instrumento de desarrollo, sino la propia estabilidad macroeconómica.