Namphi Rodríguez
El futuro ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha adelantado que la próxima semana anunciará cuál será el destino del presente año escolar. Las noticias no son promisorias, pues aún el país está a la espera de lo peor de la pandemia del coronavirus y el sistema de salud ha colapsado por la cantidad de infectados y defunciones.
¿Cómo garantizar la calidad docente en medio del distanciamiento social? ¿Cómo evitar otra generación perdida en la educación dominicana matizada por la desigualdad y por un sistema público que sólo sabe parir excluidos sociales?
Está claro que enviar a los niños, niñas y adolescentes a las escuelas sería crear peligrosos focos de contaminación de la covid-19, los cuales se extenderían a los hogares de los educandos.
También está claro que en el tema de la digitalización el Gobierno nos ha mentido, pues durante años ha gastado una friolera de millones de pesos en computadoras para los estudiantes de básica y media y la realidad es que hoy esa infraestructura no existe.
Faltan equipos, conectividad, guías, talleres virtuales a los profesores y un sinfín de tareas que nunca se asumieron con responsabilidad, pese al agigantado presupuesto del Ministerio de Educación.
Los gobiernos de Danilo Medina se han manejado sin planes y sin coherencia. La educación sólo ha sido otro botín más para agudizar el despojo.
Una muestra es el hecho que, como parte de la campaña de Gonzalo Castillo, el Presidente entregó previo a las elecciones los útiles y materiales escolares que correspondía repartir entre octubre y enero próximos.
Calzados que posiblemente nadie pisará, uniformes que no se ceñirán a ningún cuerpo y aulas silentes que sólo servirán para engrosar los bolsillos de los contratistas de este gobierno. El futuro ministro Fulcar debe ordenar una investigación meticulosa sobre esas compras.
Por lo pronto, la decisión que anunciará debe contemplar una idea clara: hasta enero no se puede regresar a las escuelas. La única forma de alejar la tragedia es evitar las aglomeraciones presenciales.
El desafió es serio, pues se trata de una decisión pedagógica y política; por lo que debe obviar las pugnacidades con sectores beligerantes. Hay que centrarse en las prioridades.
El país se enfrenta al reto de evitar que se sigan arrojando a la fosa de los excluidos sociales a niños, niñas y adolecentes pobres para quienes el acceso a la educación superior ya es una hazaña. Si la educación les falla, estos “ejércitos de olvidados” no podrán afrontar los retos existenciales, cognitivos y espirituales que les depara la vida.
Hay que evitar que pasen a formar parte de las filas paupérrimas de la delincuencia pospandémica y las tasas crecientes de embarazos puberiles.
Namphi Rodríguez
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