Sectores empresariales, particularmente de las zonas francas, insinúan la necesidad de que en el país de revisen las denominadas cargas sociales, ya que según ellos representan un porcentaje muy alto en comparación con Centroamérica, y su disminución los haría más competitivos.

De acuerdo con esos sectores, en el país hay un costo global de 64.88%, de cargas sociales de acuerdo a datos del Sistema de Información y Análisis Laboral (Sial).

Son las cargas sociales más elevadas para los empleadores del sector productivo en comparación con toda Centroamérica, lo que revela el estudio, según ellos.

Las cargas sociales son los gastos en que se incurren por concepto de seguridad social, riesgos profesionales, formación profesional, fondo de cesantía, preaviso, bonificación, vacaciones, licencias o permisos retribuidos, seguro educativo, prima de antigüedad, indemnización, fiesta o duelo nacional, fondos sociales y recreación.

Aseguran que un cuadro comparativo entre el país y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua muestra que los empleadores en República Dominicana pagan más del doble que lo erogado por sus competidores en esas naciones para cumplir con similares obligaciones.

Dicen que en el caso de Costa Rica, que es el segundo en la lista con el porcentaje más alto, las cargas sociales representan 37.08%; para Honduras, 36.57%; Nicaragua, 36.16%; Guatemala, 33.44%; mientras que El Salvador es el que tiene la proporción de gravámenes más reducida, con un 30.19%.

A juicio de esos empresarios del sector zonas francas, esta es una de las razones por las que esas empresas pierden cada vez más competitividad, y la causa de que muchas de ellas se vean obligadas a parar las inversiones, despedir personal o, en el peor de los casos, cerrar definitivamente sus operaciones.

El cuadro dado a conocer junto a esa idea, da cuenta de que los empresarios dominicanos pagan alto mayor porcentaje en seguridad social, 13 por ciento; en bonificaciones pagan un 25 por ciento, que es el mayor porcentaje y en preaviso un 10.22 por ciento; por cesantía pagan un 7.66 por ciento.

Estas reivindicaciones sociales de los trabajadores ascienden en el país a un 55.82 por ciento del total de la carga social, lo que indica que cualquier ajuste que se haga, afectaría a todos o una parte de los mismos.

Los promotores de esa idea reconocen que varias asociaciones empresariales están abogando por el establecimiento de una verdadera estrategia de fomento a las exportaciones, con el propósito de generar más divisas, preservar los empleos existentes y crear nuevos puestos de trabajo.

Un análisis del cuadro en cuestión da cuenta de que mientras esos costos, que son reales, son mayores en el país, otros como riesgos profesionales y formación profesional, son en el país la mitad de lo que se invierte en Costa Rica y casi igual al de Nicaragua.