Cinco grandes casos de corrupción, encabezados por los sobornos de Odebrecht, estremecieron la sociedad durante el año que termina, lo que motivó el surgimiento de una serie de protestas populares y el nacimiento del movimiento Marcha Verde, que rápidamente concitó el apoyo de una parte importante de la población.
La revelación de que la constructora Odebrecht había pagado 92 millones de dólares en el país para lograr «ganar concursos» de obras gubernamentales fue el detonante para que resurgiera en la población el sentimiento anticorrupción y las demandas de que los responsables fueran a la cárcel.
Hasta el momento, hay varios sometidos, pero ninguno está en prisión.
Este y otros hechos vinculados a corrupción motivaron la militarización por varias semanas de la Procuraduría General de la República ante el temor de que fuera tomada por organizaciones de protestas, de las cuales una logró ocupar el antedespacho del procurador Jean Alain Rodríguez.
Que se recuerde, Odebrecht es el mayor caso de corrupción registrado en el país, por el cual se encuentran sometidos a la justicia funcionarios gubernamentales, legisladores y particulares.

El expediente, originalmente instrumentado en Estado Unidos, lo encabeza el lobista Ángel Rondón Rijo y lo integran el ingeniero César Sánchez, el abogado Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, el ex ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, Máximo De Oleo, el presidente del PRM Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa y Bernardo Castellanos de Moya.
También lo integran los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, todos con medidas de coerción de diferentes índoles.

La Omsa
Otro de los casos de corrupción detectados en este año, sin contar otros de menor importancia, fue de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), que motivó el asesinado del abogado Yuniol Ramírez, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de octubre con un balazo en un ojo y amarrado con cadenas a dos blocks en una laguna del río Manoguayabo.
Ramírez, era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y profesor de derecho en la UASD, tenía un proceso abierto contra el director de la Omsa, ingeniero Manuel Rivas, en el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo.
Dicho proceso había sido abierto por Ramírez, bajo el alegato de que el director de la Omsa se negaba a entregarle documentos que había solicitado, en lo que se comprobaban la comisión de actos de corrupción en esa entidad gubernamental.
La desgracia de Ramírez comenzó cuando anunció públicamente que iba a instrumentar un expediente contra la administración de la Omsa, por el hallazgo de serios indicios de corrupción que comprometían la responsabilidad penal de su director y de un empresario contratista.
Sin embargo, los investigadores determinaron que Ramírez fue asesinado por extorsionar a Rivas para que no emprendiera las acciones legales en su contra.
Por el caso se encuentran en prisión con medidas de coerción el ex director de la Omsa, Manuel Rivas, el coronel Faustino Rosario Díaz y José Antonio Mercado Blanco (El Grande), mientras que Argenis Contreras está prófugo. Al empresario Eddy Santana Zorrilla se le impuso medida de coerción de 12 meses de prisión domiciliaria.

Los Tucano
El caso de los sobornos por más de 3.5 millones de dólares para la compra de los aviones Súper Tucano fue otro de los temas predominantes en la atención popular durante el año que termina.
Por el hecho, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acusó formalmente a seis personas y a tres compañías, junto a sus representantes, por su participación en dichos sobornos.
La acusación fue presentada en contra del exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general (r) Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
Cabe destacar que el Ministerio Público inició la investigación de este caso a principios del año 2016 y que a mediado del presente año las autoridades decidieron solicitar la extensión del plazo con el fin de ampliar y profundizar las investigaciones que se habían realizado hasta el momento.
El caso CEA
Otro de los casos de importancia descubiertos en este año lo fue el de la alegada venta irregular de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que se inició con la muerte de dos locutores en una estación de radio de San Pedro de Macorís, el 14 de febrero de este año.
Los comunicadores Luis Manuel Medina y Leónidas Martínez, del programa Milenio Caliente, que se trasmitía por la emisora F.M. 103, fueron asesinados en la estación radial por José Rodríguez, de 59 años, quien luego de suicidó.
Durante el hecho también resultó herida la secretaria Dayana García. Rodríguez habría cometido el hecho porque se sentía frustrado ante unas diligencias de mediación que le hacía una de las víctimas.
Medina y Martínez fallecieron en la misma estación de radio, ubicada en el Centro Comercial del Este.
El hecho ocasionó que el presidente Danilo Medina dispusiera la suspensión del director ejecutivo del CEA), José Joaquín Domínguez Peña, y designó una comisión “de alto nivel” para investigar las acciones de compra y venta de terrenos y su vinculación con los hechos que dejaron tres personas muertas.

Los Tres Brazos
El caso de la venta irregular de terrenos en el sector de Los Tres Brazos de la Capital, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a través de una empresa privada, fue otro de los hechos que ocupó la atención de los dominicanos durante el año que termina.
El hecho provocó que el presidente Danilo Medina designara una comisión de alto nivel, integrada por el consultor jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, José Dantez Díaz y Lidio Cadet.
La comisión recomendó al presidente de la República no reconoce r la transacción comercial entre el Estado dominicano, a través de Corde, y la empresa privada Titulatec, por considerarla irregular.