Una controversia política se desató en Puerto Rico por la decisión de la gobernadora, Jennifer González, de suministrar a autoridades federales de Estados Unidos datos sobre inmigrantes indocumentados, la mayoría dominicanos, para fines de deportación, lo que justificó al señalar que las leyes migratorias son de obligatorio cumplimiento.
González dijo que el gobierno de la isla no puede elegir cuáles leyes cumplir, al comparar la obligatoriedad del estatuto migratorio con otras normativas federales como las de seguro social y Medicaid, pero el ex gobernador, Alejandro García Padilla, dijo que la propia ley de referencia protege la confidencialidad de esa información.
La ley 97-2013, permite a residentes en la isla obtener una licencia provisional de conducir, aun en situación migratoria irregular, documento no federal obtenido por unos seis mil indocumentados, mayoritariamente dominicanos, cuya data fue entregada por el Departamento de Transportación de Puerto Rico (DTOP) a la Oficina Federal de Migración de Estados Unidos (ICE).
Con esa lista a mano, los agentes federales de migración intensifican redadas y allanamientos en calles, autopistas, viviendas, comercios, construcciones en diversas comunidades de la isla donde detienen a extranjeros con fines de deportación, lo que ha motivado que miles de aterrorizados dominicanos se recluyan en sus hogares.
En enero, la gobernadora González prometió que no se producirían cacerías migratorias contra dominicanos, a cuya diáspora elogió por su contribución al desarrollo de Puerto Rico y afirmó que esos operativos se concentrarían en la zona sur de Estados Unidos, y solo con inmigrantes con expedientes delictivos.
Organizaciones sociales denunciaron que residentes dominicanos y de otras nacionalidades fueron detenidos por oficlaes federales y remitidos a cárceles de la Florida, pese a poseer e intentar presentar sus documentos de residencia legal, quienes tampoco tienen acceso a la asistencia legal.
No se tiene conocimiento de casos específicos en los cuales el consulado dominicano en Puerto Rico se haya pronunciado en torno a la controversia por la entrega a autoridades federales de migración de información confidencial contenida en la licencia de conducir, usada ahora para perseguir, apresar y repatriar a dominicanos.
Sin cuestionar la autoridad de Estados Unidos, que tutela la soberanía de Puerto Rico, a expulsar a indocumentados, la muestra de respeto, y solidaridad del pueblo de Puerto Rico hacia la asediada comunidad dominicana es una reiteración de los lazos de hermandad entre Quisqueya y Borinquen, heredados de Duarte, Luperón, Hostos y Betances.
El Nacional
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