La mafia militar fronteriza es grande. Todos los militares salen económicamente ricos. Otro súper negocio está en los consulados dominicanos en Haití. A todo al que un presidente quiere hacer millonario en dólares le emite un decreto como cónsul en Haití. Y se dice que el de Puerto Príncipe es una mina, mina con consecuencias funestas para los dominicanos.

Un presidente serio cancelaría a esos militares. Y a los cónsules les pondría un tope en los ingresos y el dinero restante entraría al fisco. Hace mucho tiempo que se habla de ambos aspectos y muchos pensamos que el “gobierno del cambio” corregiría tanto una cosa como la otra. Nada.

Sin embargo, en lo que toca al éxodo de nacionales haitianos (tema que está en el candelero público) no se puede liberar de culpa al empresariado dominicano, que prefiere mano de obra de nuestros vecinos, al ofrecer miserables pagos y sin dotar de seguridad social, a tal extremo que un obrero se accidenta y se mata y nada pasa.

Y no es como señalan algunos lisonjeros que dicen: “Luis escucha”. No. Sencillamente recula ante la presión. Esa ha sido su conducta ante una serie de despropósitos, como en efecto ocurrió con el contrato del fideicomiso Punta Catalina. Para nada sorprende que haya exhibido similar comportamiento ante el proyecto de trata de personas y facilidades para migrantes.

Naturalmente, la conducta del jefe de Estado tiene costo político. Nunca antes su imagen se había visto tan deteriorada, lo que lleva a barajar planes para revertir el revés recibido al retirar el impopular proyecto. Se sugiere la continuidad de compra de alcaldes del PLD y de la FP, que en apariencia suman votos, pero es una situación que irrita a las autoridades de esos partidos y podría ser un obstáculo ante un escenario de segunda vuelta, como se proyecta. ¿Hacia dónde crecería Luis?