Exministra de Trabajo, Maritza Hernández, advirtió que el presidente Luis Abinader y funcionarios del Gobierno se exponen a ser demandados ante la justicia por violar los derechos de los desvinculados de la administración pública.
Hernández refirió que tanto el Jefe del Estado como los funcionarios que han cancelado empleados están obligados a cumplir lo que establece la Ley 41-08 sobre las relaciones laborales y sociales del sector público.
También indicó, que la Ley 247-12 sobre la administración pública, establece el principio de responsabilidad civil y penal y califica como abusivo el no pago de prestaciones a los exempleados de las instituciones públicas cancelados.
Del mismo modo expresó que la tardanza de la entrega de las prestaciones a los desvinculados constituye una violación del artículo 138 de la Constitución.
“Es posible que un presidente permita que sus funcionarios sean demandados en responsabilidad patrimonial por violar la Constitución y las leyes, que recientemente frente al pueblo que lo eligió se comprometió a cumplir y hacer cumplir”, dijo la dirigente del PLD, en un despacho de la Secretaria de Comunicaciones.
