El ministro de Medio Ambiente, doctor Jaime David Fernández Mirabal, dijo que en el país se hace urgente que los síndicos entiendan la necesidad de convertir los basureros y vertederos en rellenos sanitarios, a fin de evitar los daños ambientales y que en el futuro las poblaciones vivan entre los desechos.

Explicó que la mayoría de los alcaldes alegan que no disponen de recursos, pero ninguno ha presentado un plan para el cobro de la recogida de la basura, que podría ser la mejor fuente de ingresos económicos para comenzar a solucionar el problema.

El ministro de Ambiente dice que los ayuntamientos deben diseñar sistemas para que la población recicle los desechos, pero admitió que cambiar la cultura de la gente frente a la basura no es tarea fácil.

Dijo que es necesaria y urgente una campaña de orientación a la población sobre el reciclaje de los desechos: sin esto es prácticamente imposible hacer un relleno sanitario eficiente.

Lamentó que los alcaldes continúen con la tradición de hacerse los graciosos ante los munícipes y no exigir la responsabilidad del pago de la basura, como forma de eficientizar el servicio, y argumentó que la recogida de basura no será sostenible, si los cabildos no cobran el servicio.

El doctor Fernández Mirabal se refirió a este y otros temas ayer al participar como invitado en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, que integran los periódicos El Nacional, Hoy, el Día y los canales de televisión Telesistema, Teleantillas y Coral 39.

En el almuerzo estuvo acompañado de James Watson, director interino de Misión de USAID, quien reveló que el gobierno de Estados Unidos invertirá 11,8 millones de dólares en los próximos cinco años en proyectos de protección ambiental en la República Dominicana.

Dijo que a su entender en el país sólo existen dos vertederos, que son el Rafey, en Santiago, y Duquesa, en Santo Domingo Norte, pero que los demás persisten en la categoría de basurero.

En otra parte de la entrevista, el funcionario valoró de positivo el proyecto de ley que busca instaurar el pago por Servicios Ambientales (PSA) del sector agua, presentado por el senador de La Vega, Euclides Sánchez, y sugirió que al menos un 20 por ciento de los recursos que genera el uso del agua vaya a programas de reforestación de las cuencas.

Recordó que el agua es una materia prima que la disfrutan gratis las empresas del Estado que luego no les devuelven nada a las cuencas hidrográficas.

Dijo que ha sostenido reuniones con la comisión de Medio Ambiente del Senado para abonar la idea de Sánchez.

Señaló que un ejemplo de ese proyecto es el programa que se ejecuta en la cuenca del Yaque del Norte con apoyo de la Empresa Generadora Hidroeléctrica, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago y Medio Ambiente, a través del cual se están reforestando, aunque es un programa que cuenta aún como muy pocos recursos.

Río Haina

Sobre las granceras y extracciones en el río Haina reconoció que las extracciones de material de construcción de los ríos del país sigue siendo un dolor de cabeza porque las granceras tienen demasiados defensores políticos y económicos.

Manifestó que cuando se descubre una grancera y se empieza a actuar, los dueños llaman a funcionarios que intervienen para pedir un chance alegando que ese material va destinado a la terminación de una obra pública.

Reconoció que eso pasó recientemente con las extracciones en el Haina, y la construcción de la carretera San Cristóbal-Baní.

Lo que pasa en el río Haina es un crimen, reconoció el funcionario, pero no entró en detalles sobre los responsables, aunque organizaciones comunitarias de San Cristóbal responsabilizaron el mes pasado a un oficial de la Marina de Guerra, identificado como Saberdriz Mateo, como el principal responsable de la depredación de ese río, pero nunca fue sometido a la justicia.

Fernández Mirabal aseguró que las autoridades ambientales han logrado controlar bastante, sistematizando los permisos ambientales porque antes se les vendían tiques, pero la mayoría de ellas nunca se incorporó a un proceso de evaluación de impacto ambiental y ahora tienen que entrar al sistema, lo que permite mucho más control.