Santo Domingo.– Representantes del sector medioambiental manifestaron que, ante la reciente aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de los Términos de Referencia (TDR) para el estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero Romero, en San Juan de la Maguana, lo que procede ahora es conformar un comité técnico de personalidades y entidades científicas que actúe como veedor para garantizar que los resultados sean confiables.

Los especialistas coincidieron en señalar que la aprobación de los TDR no implica autorización para explotar la mina, sino que habilita el inicio de los estudios requeridos. Subrayaron que será a partir de los resultados técnicos que se determinará si el proyecto resulta ambientalmente viable o no.

El ambientalista Víctor Almánzar, exdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y miembro de la Comisión Ambiental de la UASD, planteó que es fundamental que haya un acompañamiento de la sociedad civil con actores clave.

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“Aquí hay dos instituciones que juegan un papel fundamental, que son las academias: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Comisión Ambiental, y también la Academia de Ciencias, como se hizo con otros proyectos también mineros. Ese acompañamiento para mí es fundamental”, dijo.

Eli Martínez Mena, profesor de la UASD y miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias, indicó que la participación de entidades en ese proceso debe estar avalada por el conocimiento técnico. “Yo creo que debe hacerse. Hay personalidades dentro de la Academia de Ciencias, dentro de las universidades, dentro de muchas entidades que podrían formar un equipo multidisciplinario que dé acompañamiento y sirva de garantía”, señaló.

El procurador de Medio Ambiente, magistrado Francisco Contreras, subrayó la importancia de que la comunidad sea escuchada.

“La comunidad está empoderada y es importante que la comunidad sea escuchada, que sean escuchados los técnicos y que puedan hacer levantamientos la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene excelentes técnicos, la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de República Dominicana, organismos internacionales y que se le dé participación a la comunidad, a los comunitarios, a los campesinos”, expresó.

Nelson Bautista, de la ONG Acción Verde, afirmó que en un contexto como este, ya que el Estado ha abierto la posibilidad de que, si se cumplen los TDR, se pueda obtener una licencia ambiental, lo mínimo que se espera es que todo el proceso de análisis esté acompañado por instituciones debidamente acreditadas y cuya credibilidad no esté en cuestionamiento. “Por la envergadura y las posibles consecuencias de este proyecto se hace necesario que tenga una validez académica, social y científica con todo el rigor posible”, apuntó.

El abogado ambientalista Nelson Pimentel consideró que la emisión de los TDR constituye una oportunidad para resolver una inquietud nacional. “Con la garantía de la intervención de entidades técnicas como la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma, la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, o entidades internacionales como el PENUMA u otras de igual calidad técnica, puede constituirse un equipo que garantice, con la debida veeduría, resultados confiables y sólidos para la tranquilidad del pueblo dominicano”, declaró.

En ese mismo sentido, la ingeniera Carmen Veloz, miembro de la Comisión Ambiental de la UASD y del CODIA, sostuvo que “ya que se emitieron esos términos de referencia, lo que corresponde es establecer un comité técnico que sirva de veedor a ese proceso. Debe haber esa veeduría con el conocimiento técnico completamente independiente, desde la Academia de Ciencias, con esos técnicos que tienen la experiencia para realizar este tipo de evaluaciones, la Comisión Ambiental de la UASD y equipos internacionales especialistas en evaluaciones ambientales mineras”.

Por último, el abogado ambientalista Carlos Vargas enfatizó que el proceso debe ser transparente y participativo. “Ese concepto que establece la Ley de Legitimación Procesal Activa, y de transparencia, publicidad y participación en la justicia, significa que desde el primer momento en que se empieza a levantar la información, quién la levanta, dónde la levantan, cómo la levantan. Pero no solamente el equipo de la Academia de Ciencias o de la UASD, sino también universidades privadas y otros entes como el CODIA, como otras asociaciones gremiales. Deben todos participar y opinar”, sostuvo.