Las elecciones municipales están pautadas para el 16 de febrero del año entrante, en el Distrito Nacional, 155 municipios y 228 distritos municipales. No condicionan las presidenciales y congresuales del 17 de mayo, pero ofrecen las probabilidades de pruebas, nada descartables.

Dada la certeza del posicionamiento de Luis Abinader como ganador en primera vuelta, en mayo, nadie duda que, tras su fallido ensayo presidencial, el PLD esté apostando a penetrar y corromper las autónomas estructuras electorales, esto es las juntas municipales, en toda la geografía nacional.

De hecho, hace unos meses, circularon denuncias sobre la cuestionada composición de varias juntas municipales y distritales. La respuesta de la JCE al respecto no fue del todo satisfactoria, con cambios ligeros que deben ser aún profundizados.

La cuestión es que, aparte de tratarse de un poder de gran significación en la aplicación de políticas públicas, representa un componente no determinante, pero sí aprovechable en la medición de fuerzas, por lo menos desde el punto de vista de la percepción general con miras a las generales.

Los municipales suelen no acaparar la atención general, debido a sus limitadas influencias en ámbitos locales. De ahí que este experimento pueda ser un instrumento de fraude con facilidad por parte del PLD, a menos que el PRM y el resto de la oposición tome efectivas medidas previsoras y esté vigilante frente a tales amenazas.

En comunidades muy pobres, como son la mayoría del país, la compra de cédulas y el uso de medios para llevar a votar pueden ser la diferencia a la hora de elegir alcaldes, directores de distritos, regidores y vocales. Preocupa que la voluntad popular sea alterada en cada caso, pero más todavía que esas distorsiones sirvan para influir, de manera fraudulenta, en las ya definidas preferencias en las votaciones presidenciales.