El proyecto de fideicomiso, zarandeado por la oposición con más argumentos políticos que técnicos, ratifica una de las auspiciosas facetas exhibidas por el presidente Luis Abinader: la de la institucionalidad y la transparencia. Y si en torno a la pieza se ha generado algún tipo de confusión ha sido, en gran medida, por el criticable estilo del Gobierno de no motivar sus decisiones.

La gente le reconoce las mejores intenciones a Abinader, cuya solvencia moral ha sido hasta cierto punto un valladar contra las críticas de sectores interesados en denostar un proyecto que, como el de fideicomiso, solo procura crear un marco jurídico para esas operaciones.

El mandatario podía regirse por la vieja tradición de utilizar la figura de acuerdo con las circunstancias, pero su interés, como ha demostrado con la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, la JCE y el Tribunal Superior Electoral, no es politiquero ni clientelista.

Como se ha insistido en que este es un Gobierno de ricos se ha alegado que la ley de fideicomiso ha sido concebida para privatizar el patrimonio público, cuando el propósito es más bien lo contrario. Todos los argumentos se han venido desplomando, pero no como resultado de una ofensiva oficialista, sino por inconsistentes. Tras el escándalo que surgió con Punta Catalina, en que hubo que revocar el proyecto, la explicación es más pertinente todavía.

Con la magnitud del déficit que se heredó, institucionalizar este país no será una tarea sencilla. Son muchas las lacras que todavía tienen que erradicarse, además de modificarse una cultura.

Aunque no haya prosperado, el revuelo que se ha tratado de crear con el proyecto de fideicomiso es otra lección para el Gobierno sobre la necesidad de motivar y dar explicaciones de iniciativas controversiales. Cierto es que no se trata de una figura nueva, pero la verdad es que no todo el mundo la conoce. No se puede, por tanto, someter nada sobre la base de que por las buenas intenciones del Presidente la gente lo va a entender y aceptar.

La experiencia ha debido bastar para modificar la estrategia. Tiene que entenderse que con los muchos intereses que hay en juego hasta la más inocua de las decisiones afecta a algún sector. Y más tratándose de una ley que busca salvaguardar el patrimonio público de la voracidad que acabó con las 24 empresas de Corde y los 12 ingenios del CEA y que ha patrocinado contratos tan onerosos como la Red Vial de Carreteras.

A la gente hay que refrescarle la memoria. Esa ley de fideicomiso, como la rechazada independencia del Ministerio Público, hay que verla como un esfuerzo para consolidar la seguridad jurídica y atraer más inversiones nacionales y extranjeras.