El presidente Luis Abinader anunció el lunes que el Gobierno reiniciará los trabajos requeridos para poner en funcionamiento el complejo carcelario Las Parras, cuya terminación no ha sido concluida pese a que fue levantada en más de un 90 %, hace casi cuatro años.
Entre las justificaciones para paralizar esa obra en su fase de terminación figuran que el inmueble se convirtió en cuerpo de delito por efecto de la imputación por corrupción formulada por el Ministerio Público contra funcionarios y empresas contratistas, y por impedimentos legales para reasignar la obra.
Para supervisar la fase final de esa penitenciaria, el mandatario integró una comisión de académicos encabezada por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, además de reintegrar en esas gestiones al licenciado Roberto Santana, experto en sistemas carcelarios.
Durante una comparecencia por televisión, Santana reiteró que los trabajos de terminación de la cárcel Las Parras sólo requerían una inversión de US$288 millones y no de RD$1,600 millones, como a su juicio fue erróneamente informado el presidente Abinader.
También denunció que el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, incumplió instrucciones del jefe de Estado para dotar a ese recinto carcelario de otras tres entradas y también de construir obras accesorias a la cárcel aún sin terminar de San Juan de la Maguana.
Es de suponer que después del anuncio presidencial, de concluir y poner en funcionamiento esas instalaciones, no se producirán nuevas justificaciones ni incumplimientos que retrasen el urgente traslado de los reclusos desde el infierno de La victoria a ese moderno recinto.
Conviene también que la comisión designada por el mandatario confronte los costos requeridos para la terminación de la cárcel Las Parras, de RD$288 millones estimado por el equipo técnico del licenciado Santana, con el de RD$1,600 millones calculado por funcionarios del Gobierno.
No hay forma de justificar que una obra construida hace casi cuatro años en más de un 90 % para sustituir a la sobrepoblada cárcel La Victoria, que data de 72 años, no haya sido aún concluida, por pruritos procesales, burocracias oficiales o resabios personales.
