La Fiscalía del Distrito Nacional depositó ayer por ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción la acusación formal contra seis ejecutivos de la inmobiliaria Belgar S.A, contra quienes se han presentado 67 querellas por una alegada estafa de 500 millones de pesos, a través de tramas fraudulentas.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción fue apoderado para conocer la audiencia preliminar contra los imputados Marcos Manuel Beltré García, quien se encuentra en arresto domiciliario, Manuel Emilio Beltré, Julissa Beltré García, Katherine Ramos Romero, María Magdalena Espinal Beltré, María Eugenia Espinal Beltré (estos últimos prófugos), así como las sociedades Empresas Belgar, Inmobiliaria Belgar.
El Ministerio Público estará representado por la titular del Distrito Nacional Rosalba Ramos y por los procuradores fiscales Paola Piedad Vásquez Pérez y Joanna García Rivas. En tanto que los querellantes privados estarán representados por los abogados César Amadeo Peralta, Mercedes García, José Manuel Félix Naut y Zurina Cordero Haché, quienes representan 67 querellantes.
Están acusados de estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera, lavado de activos, abuso de confianza, falsificación de documentos y asociación de malhechores.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 29 de este mes a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la audiencia preliminar contra los encartados.
El primer imputado es representado por la defensora pública Chrystie Giselle Salazar.
Entre los afectados se encuentran inversionistas italianos y franceses que confiaron la seguridad de inversión en la República Dominicana, quienes depositaron sus ahorros, producto de las pensiones que recibían en las empresas que laboraban.
La entidad que realizaba actividades de intermediación financiera operaba sin la autorización de la Superintendencia de Bancos, por lo que las autoridades monetarias y financieras no garantizan esos ahorros.
Este caso fue investigado por la extitular de la Fiscalía, Yeni Berenice Reynoso, y la misma participó en el cierre de 12 sucursales ubicadas en el Gran Santo Domingo.
En el allanamiento se incautaron varios inmuebles y las pesquisas concluyeron con la acusación, en la cual se solicita el decomiso de unos 54 inmuebles, unos 13 vehículos y se congelaron cuentas bancarias de sus ejecutivos y se dispusieron órdenes de arresto, pero solo el hijo del dueño de la Inmobiliaria Belgar es procesado, los demás están prófugos.
Los afectados por este fraude culpan a la Superintendencia de Bancos, de haberse hecho de la vista gorda y permitir que una empresa actuara al margen de la ley.
