LIMA, PERU, (EFE).- La bancada parlamentaria del partido fujimorista Fuerza Popular se opone a una reconsideración de la ley de financiación ilegal de partidos políticos, criticada por reducir las sanciones penales a las agrupaciones vinculadas a ese delito.
El anuncio lo hizo hoy la congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la comisión de Constitución, quien aseguró que ese proyecto, que fue aprobado en primera votación a inicios de este mes, fue producto de un trabajo conjunto de diferentes partidos.
“El pleno lo ha aprobado por amplia mayoría, por cuatro bancadas. Habiendo seguido escrupulosamente todos los procedimientos para poder aprobar una ley nosotros creemos que no hay motivos para reconsiderar”, declaró Bartra a periodistas.
Aseguró que los detalles de la norma “tienen más de un año analizándose”, por lo que dijo que “no hay motivos para reconsiderar” su contenido, que ha sido rechazado por el mandatario de Perú, Martín Vizcarra, y por el propio presidente del Congreso, el también fujimorista Daniel Salaverry.
Bartra también sostuvo que si el Poder Ejecutivo tiene observaciones a la ley, tal como ya ha adelantado Vizcarra, estas serán estudiadas y “de ser necesario” se atenderán.
Tras conocerse la posición del fujimorismo, se mantuvo la expectación sobre si el tema sería tocado durante la sesión plenaria de hoy en el Congreso, pero se consideró poco probable que eso suceda, ya que Fuerza Popular es la bancada mayoritaria.
La intención de la reconsideración fue planteada el pasado 7 de diciembre por Salaverry, con la intención de que el pleno acepte que la norma vuelva a las comisiones de Justicia y Constitución para un mayor análisis de los legisladores.
El presidente del Congreso calificó de “nefasta” la aprobación de la ley, tras lo cual aseguró que “no solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretensión política a futuro de quienes se beneficien con ella”.
Salaverry, quien ha pedido licencia a Fuerza Popular mientras ejerce ese cargo, adelantó que no piensa suscribir la norma, tal como también ha anunciado el presidente Vizcarra, quien dijo que “este tipo de hechos genera indignación de los peruanos”.
La norma fue aprobada con los votos del partido fujimorista Fuerza Popular, del Partido Aprista Peruano, de la centrista Alianza Para el Progreso, de varios representantes del oficialista Peruano por el Kambio y por cinco independientes, quienes la exoneraron de la segunda votación que ordena la ley.
El proyecto incorpora el “Financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas” al Código Penal, con una pena no menor de 5 años ni mayor de 15 años, si el importe recibido “es superior al equivalente” a 500 Unidades Impositivas Tributarias, es decir 2.075.000 soles (unos 628.000 dólares).
Sin embargo, tanto políticos como juristas han señalado que, en realidad, implica una forma de disminuir las sanciones por el delito de lavado de activos, que contempla un mínimo de 8 años de prisión y, además, establece que los acusados deben “saber” o “presumir” el origen ilícito del aporte.
Parlamentarios que se opusieron a la ley aseguraron que la intención es favorecer a políticos que están siendo investigados por lavado de activos, como la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el expresidente Alan García, del Partido Aprista.
Fuentes del Ministerio Público denunciaron que la iniciativa pone en riesgo los procesos por los casos Lava Jato y Odebrecht en el país, mientras que juristas alertaron que podría aplicarse de manera retroactiva a los casos que actualmente están en investigación.
