Álvaro Uribe Vélez felicita a sus legisladores por no aprobar la Ley de Víctimas. La ultraderecha colombiana se exime de pagar compensaciones a sus víctimas y crea las condiciones para garantizar impunidad a militares y policías que, en alianza con grupos paramilitares, han cometido muchos asesinatos.

«De haberla aprobado se le daría un golpe muy grande a la Seguridad Democrática, porque se nivelaba a los soldados y policías de Colombia con los terroristas. Entonces decían: hay que reparar a la víctima del terrorista y del agente del Estado, sin sentencia judicial», declaró Uribe.

La mal llamada política de Seguridad Democrática, se fundamenta, pues en dejar en libertad a los agentes de la fuerza pública para hacer lo que han hecho. Entre los años 2006 y 2008 hubo 533 ejecuciones extrajudiciales, y muchos de los ejecutados eran menores de edad.

Ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos (la práctica de asesinar a jóvenes del pueblo para presentarlos como guerrilleros) son dos facetas del abuso contra el pueblo en Colombia.

Como en el caso de los paramilitares desmovilizados, Uribe tuvo éxito en su gestión de que fuera rechazado el proyecto de Ley de Víctimas. Señala que era muy alto su costo económico. ¿Y cuánto le cuesta al Estado de Colombia el pago de mercenarios como los que secuestraron en Venezuela en diciembre del año 2004 al guerrillero Rodrigo Granda? El costo que Uribe no quería asumir es el de reconocer que su política de Seguridad Democrática tiene víctimas.

Es el mismo Uribe, el ex gobernador de Antioquía a quien incluso sectores conservadores acusan de alianza con los paramilitares de ultraderecha.

Como vecino y aliado, Uribe tiene a Alan García, el presidente que en la década de 1980 utilizó en Perú el pretexto del combate a las guerrillas, para lanzar contra su pueblo a personeros del crimen.

Las matanzas en Accomarca y Pucayacu en 1985, siendo él presidente, fueron ejecutadas por militares a quienes les fue garantizada la impunidad.

Para la masacre de indígenas ejecutada hace pocos días, no pudo usar el mismo pretexto. Buscaba satisfacer el apetito de grandes compañías, creando un marco legal para permitirles explotar la selva.

Ahora trata de hacer más leve el costo político de la matanza y ofrece limosnas como si con ello se pagara la vida.

Álvaro Uribe y Alan García, comprometidos con la ultraderecha, el primero desde su origen y el segundo desde que en la década de 1980 presidió un gobierno corrupto y abusador, son dos gobernantes que protegen a los ejecutores del abuso, porque se sirven de ellos.