Mientras en los Estados Unidos, el gobierno considera los anticonceptivos como una parte imprescindible de la salud de las mujeres, en República Dominicana, el Poder Ejecutivo a través de sus farmacias niega a la población el acceso a métodos anticonceptivos. No los considera medicamentos esenciales. Mientras el gobierno de Obama defiende el acceso a los anticonceptivos, un derecho de la mujer que no admite excepciones, en nuestro país, las farmacias financiadas con los impuestos de todos y todas, PROMESE CAL, no se ofrecen anticonceptivos. En estos casi ocho años de gestión han optado por asumir la doctrina Católica en vez de defender los derechos humanos. Mientras la Iglesia Católica se opone a los anticonceptivos. La gran mayoría de las y los católicos usan anticonceptivos, tienen abortos, y creen en la educación sexual.
En Estados Unidos ha causado un revuelo el anuncio realizado el pasado 20 de enero por la secretaria de salud, Kathleen Sebelius de que las empresas de afiliación católica, como cualquier otra, tales como hospitales, colegios, universidades y algunas instituciones de caridad, están obligadas a facilitar los anticonceptivos dentro de sus prestaciones de salud.
Su objetivo es que los proveedores de salud a los que acceden los usuarios de todas estas instituciones dependientes de la Iglesia Católica puedan recetar anticonceptivos. No es que las monjas y los curas tuvieran que darles pastillas contra el embarazo a las mujeres, como grotescamente lo han planteado algunos críticos de esta medida. Con esta medida tomada por el gobierno de Obama entran en juego aspectos vitales en toda sociedad, como las obligaciones del Estado con sus ciudadanos, la libertad individual, la salud de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, y los límites en la relación entre la política y la religión.
En este lado de la isla, demandar la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos es considerado un atrevimiento, una falta de respeto. No reclamamos que todas las mujeres usen anticonceptivos, las que por razones de conciencia u otras causas, rechacen su uso, no están obligadas a hacerlo, pero para las que quieren utilizarlos, nada debe impedirlo. El Poder Ejecutivo en genuflexión a la jerarquía de la Iglesia Católica niega a toda la población pobre el acceso a anticonceptivos. La dirección de PROMESE CAL antepone sus creencias religiosas al ejercicio de los derechos humanos de las pobres. Las restricciones no funcionan más que como una forma de perpetuar la desigualdad. No hay justicia en eso. Citando a Garzón: El tribunal del hombre, decía Kant, es su conciencia. La mía está tranquila
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