La inequidad es nuestra gran calamidad, una olla en ebullición que el clientelismo no logra apagar. En República Dominicana el 20% de las familias más ricas concentran el 56% del ingreso nacional, mientras que el 20% de las familias más pobres solo reciben el 4% de los bienes y servicios producidos por toda la sociedad.

Pero esta enorme desigualdad, que es causa de la abyecta pobreza en que viven millones de familias dominicanas, también es el caldo de cultivo en el que los legisladores y la mayoría de los políticos del patio cuecen sus apetencias de poder.

Se comprende, entonces, que el senador Francis Vargas, del Partido de la Liberación Dominicana, exprese la siguiente perla de la desfachatez: Miles de ciudadanos de escasos recursos se verán afectados por la suspensión del Fondo de Gestión Social, conocido como el barrilito.

El barrilito es una muestra de la desigual distribución del tesoro público, realizada sin el aval constitucional, que mediante relaciones clientelares aprovecha y reproduce la situación de miseria de los votantes para beneficio político exclusivo de los honorables congresistas. A esos congresistas, que ante cualquier exigencia de rendición de cuentas no dudan en considerarse irrespetados, hay que recordarle la siguiente expresión de Ghandi; La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo.

Por el barrilito, el Senado recibe RD$ 26,345 millones mensuales, para un total de RD$ 841.6 millones al año. Sus representantes figuran entre los funcionarios del Estado mejor remunerados, reciben un promedio de RD$ 1, 345,250.00 al mes. Nada mal en un país donde el sueldo mínimo son unos RD$ 5,000 mensual.

La absurda distribución del Presupuesto Nacional evidencia la falta de compromiso social. Para el sector salud se tiene presupuestado el equivalente al 1.8 % del PIB. El sumidero del barrilito y de otras prácticas de malversación de fondos explica que no haya fondos para incrementar el salario a las y los profesionales de la salud.

La ley de educación obliga a invertir en dicho sector un mínimo del 4% del PIB. La aplicación de esta norma tiene 12 años sin arrancar y en 2010 el Gobierno destinó sólo el 2.5% del PIB a la educación.

De los 32 senadores, 27 abogan por continuar repartiéndose el Presupuesto Nacional, buscan reelegirse, y como dato revelador a la mayoría les fue reservada la candidatura por la cúpula partidista, sin ser sometidos al escrutinio de las bases. ¿Cómo se llama la obra?

El llamado barrilito es una expresión de la falta de Institucionalidad, una forma de financiar el clientelismo político. Es una estocada letal en el corazón de la Democracia.

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