SAN JUAN, Puerto rico. La administración del gobernador Alejandro García Padilla anunció ayer que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y la Policía iniciarán una investigación sobre las denuncias de agresión y discriminación hechas por una comerciante dominicana contra varios agentes estatales y municipales.
El anuncio fue hecho por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza (sede del Gobierno), Jorge Colberg Toro, quien dijo que se va a nombrar a un fiscal para que investigue qué paso. No hay querellas, pero se va a actuar porque ya hay unas denuncias públicas.
También el jefe de la Policía, Héctor Pesquera, dijo ayer a El Nacional que ordenó investigar las denuncias, pero se quejó de que la mujer dominicana no presentó ninguna querella sobre la alegada agresión de que fue víctima de parte de agentes estatales y municipales.
Dijo que se reunió con el nuevo titular de Justicia, Luis Sánchez Betances, de padres dominicanos, para coordinar la pesquisa en torno a la violación de los derechos civiles de la comerciante.
«No nos han dado espacio para atender las denuncias, porque no hicieron querellas», expresó el jefe policial para resaltar que «la protección de los derechos civiles es nuestra responsabilidad constitucional y legal».
La comerciante dominicana Juana Burgos Valdés, denuncio que el pasado 8 de diciembre un contingente de policías estatales y municipales irrumpió en su negocio de diversión en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo, de esta capital. Burgos Valdez alega haber sido golpeada e insultada por varios de los policías estatales y municipales, que acompañados de inspectores del Departamento de Hacienda, intervinieron en el establecimiento el mes pasado.
Aseguró en sus denuncias, junto a directivos del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que uno de los agentes le habría propinado un golpe que la hizo perder la mente y cayó al suelo. Burgos Valdés sostuvo que también la cargaron forzosamente hasta un vehículo de motor.
Se dijo que el incidente no fue aislado, ya que en los pasados meses agentes estatales y de la capital han estado realizando operativos en el mismo establecimiento, donde se venden bebidas alcohólicas.

