WASHINGTON D.C. – La Administración Trump anunció este miércoles la cancelación del Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 250,000 inmigrantes venezolanos, que está previsto para expirar el 10 de septiembre.

El fin del programa, instaurado por la Administración Biden en 2021, será efectivo 60 días después de la publicación en el Registro Federal, según comunicó el Gobierno, aunque no proporcionó fechas exactas para su implementación.

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GOBIERNO DE TRUMP PARA LA CANCELACIÓN DEL TPS JUSTIFICACIÓN

En un comunicado, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) explicó que la decisión responde al «importante papel» de Venezuela en el impulso de la migración irregular, argumentando que el TPS actúa como un «efecto imán», atrayendo a más migrantes. El Gobierno subrayó que mantener o expandir el programa «socavaría directamente los esfuerzos» de la Administración Trump para asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz.

“Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, declaró el USCIS en su comunicado.

INMIGRANTES VENEZOLANOS: AUTODEPORTACIÓN Y PROMESAS DE OPORTUNIDADES FUTURAS

El Gobierno de Donald Trump instó a los venezolanos beneficiarios del TPS a autodeportarse, ofreciendo el pago de su boleto aéreo y un bono de $1,000, además de «posibles oportunidades futuras de inmigración legal». Sin embargo, algunos abogados de inmigración advierten que no hay garantías de que esas oportunidades sean reales, lo que genera incertidumbre entre los afectados.

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO AUNQUE UNA CORTE BLOQUEÓ LA MEDIDA

Cabe destacar que esta decisión se toma a pesar de que el viernes pasado, una corte federal de apelaciones bloqueó los planes del Gobierno para terminar con las protecciones de casi 600,000 venezolanos que tienen permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo el TPS.

Este nuevo anuncio, que afecta a una gran parte de la comunidad venezolana en EE. UU., genera una creciente preocupación y críticas dentro del ámbito legal y político, ya que muchos consideran que la medida es un retroceso en los esfuerzos por gestionar de manera humana y efectiva la migración irregular.