(BBC Mundo)

BOGOTÁ.- Los familiares de 43 hombres que fueron desaparecidos y asesinados por paramilitares en un pueblo del norte de Colombia tuvieron que esperar 19 años para que el Estado les pidiera perdón por haber dejado que eso pasara.

Tres años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano, el gobierno de este país finalmente pidió perdón por lo sucedido el domingo 14 de enero de 1990 en Pueblo Bello, un poblado de la zona bananera y ganadera del Golfo de Urabá, en el noroeste del país.

Aquella noche, unos 60 paramilitares fuertemente armados llegaron al pueblo, reunieron a las víctimas en la plaza, las acostaron boca abajo, las amarraron de manos y se las llevaron en dos camiones por una vía con fuerte control militar.

La primera hipótesis sobre esa desaparición masiva tiene que ver con una venganza del jefe paramilitar Fidel Castaño Gil por un robo de ganado a manos de los guerrilleros que en esa época deambulaban por la región.

Cuando los familiares fueron a preguntar por los detenidos a una base militar, un teniente del ejército les reprochó que antes no hubieran denunciado el robo de más de 40 reses de ganado a Castaño Gil.

«Ustedes cambiaron gente por ganado», sentenció el teniente, según le recordó a BBC Mundo José Daniel Álvarez, hijo y sobrino de dos de los desaparecidos.

Álvarez y decenas de familiares y amigos asistieron este miércoles a la sede de la Cancillería colombiana donde el pedido de perdón del Estado corrió por cuenta del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien estuvo acompañado por el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, aunque por ningún alto mando militar.

Santos recordó que los secuestrados fueron llevados a una finca «y puestos en presencia de (Fidel) Castaño, interrogados y torturados de la forma más cruel, para finalmente asesinarlos».

«Como ministro de Defensa, en nombre del Estado de Colombia, reconozco ante ustedes, los familiares de las víctimas, y ante la comunidad internacional y nacional, la responsabilidad internacional que cabe al Estado por -como dice la sentencia- ‘no adoptar las previsiones razonables para controlar las rutas disponibles en la zona'», dijo Santos.

El ministro calificó los hechos como «infames» y admitió que les causaron «un inmenso daño» a los familiares y amigos de las víctimas, tres de las cuales eran menores de edad.

Cuando se inició la ceremonia, una mujer leyó, con voz entrecortada, uno a uno los nombres de todas las víctimas mostró sus fotografías.

Comenzó por José del Carmen Álvarez, el padre de José Daniel, un hombre de 47 años, campesino y agricultor, que fue sacado de misa en la iglesia presbiteriana a la que asistía por los paramilitares.

«Era un excelente amigo, le gustaba ir a la iglesia y compartir con amigos y familiares, queremos decirle que nunca lo vamos a olvidar», dijo la mujer.

Y terminó con Jorge David Martínez, un joven campesino de 22 años. «Le gustaba el fútbol y también tocaba la guitarra. Se destacaba porque le gustaba predicar el evangelio», señaló.