El Grupo Barceló, propietario de la cadena de hoteles en la zona de Bávaro, Punta Cana, solicitó ayer al presidente Leonel Fernández y al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, seguridad jurídica para esa empresa después que un tribunal colegiado de Primera Instancia, de La Altagracia condenara a los principales ejecutivos del complejo turístico Barceló a cinco años de cárcel.

En un documento público, el Grupo Barceló indica que la decisión judicial tiene su origen en una litis de carácter civil y comercial relacionada con un embargo ejecutado por una empresa del complejo, en uno de los locales alquilados, cuyo contrato se había vencido y el inquilino, además, no pagaba.

Indica el documento que la medida ejecutoria dio lugar a una querella por robo contra la empresa ejecutante y donde un tribunal dictó medidas de coerción consistentes en prisión preventiva e impedimentos de salida, y concluyó posteriormente con otra sentencia por supuesto robo agravado.

El fallo del tribunal colegiado estuvo a cargo del juez presidente interino Vicente Marte Jiménez, quien sustituyó al presidente titular para esa audiencia, y los magistrados Arístides Dalmiro Heredia Sena y Cindy Rosario Santana.

Aclara que la sentencia fue apelada en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís cuyos jueces son Marcelina Hernández Japa (presidenta), José Glass Gutiérrez, Zamira Madrigal Santana, Virginia González Brea, y Ramón Báez Rodríguez.

Explica que antes de esa sentencia, la línea hotelera de Bávaro y los presuntos imputados habían denunciado ante el pasado presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, las supuestas irregularidades de la investigación y del proceso de la instrucción, así como de las múltiples actuaciones de que ha sido víctima a título de presión para su adversaria obtener una transacción onerosa

Lamentamos hacer esta publicación a título recordatorio de las reiteradas peticiones en ese sentido hechas por nuestra empresa, pero nos sentimos totalmente desamparados ante tanta injusticia, por la ausencia evidente de seguridad jurídica, aunque sabemos que no es generalizada, sino focalizada en concretos estamentos, expresa el documento.

Señala, además, que la sentencia fue dictada el 23 de noviembre de 2011, en la misma fecha en que el embajador del Reino Unido, Steven Fisher, se hizo eco de la queja de inversionistas extranjeros, por la falta de seguridad jurídica.