Gracias a un fallo de la corte federal el estatuto de protección temporal para los haitianos en Estados Unidos fue prolongado hasta febrero de 2026. La decisión impidió que el programa, que beneficia a miles de haitianos indocumentados, fuera anulado por el presidente Donald Trump. Pero ahora la nación tiene el problema con el vencimiento del programa textil a través del cual se le exonera del pago de aranceles por las exportaciones a Estados Unidos.

Si el Congreso no renueva el programa de protección, Haití pasaría por momentos más difíciles de los que afronta con la ola de violencia e inseguridad protagonizada por las pandillas. La industria textil, la última gran fuente de empleo formal en Haití, tendría que pagar entre un 20 y un 30 % de aranceles por las exportaciones a Estados Unidos.

Sería un golpe mortal para un país que carece de producción agrícola e industrias y que no tiene más fuentes de empleo que las zonas francas. Estados Unidos tiene que compadecerse con una nación que además de una gigantesca miseria es víctima de la violencia y la inseguridad.

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El impacto que la suspensión del programa tendrá en este país es harina de otro costal. En lo que la nación consigue restaurar el orden y la seguridad potencias como Estados Unidos deben observar cierta piedad con el territorio. Los tejidos fabricados en las empresas de zonas francas de Haití no compiten ni hacen mella a la industria estadounidense. Más temprano que tarde el Congreso estadounidense debe renovar el programa de protección a la industria textil.