El homicidio perpetrado en Boca Chica por un policía el sábado contra la arquitecta Leslie Rosado acentúa la percepción colectiva de que esa institución se ha convertido, en vez de garante de vidas y propiedades, en un serio motivo de temor y peligro para la ciudadanía.
Las circunstancias que rodearon esa tragedia son incompatibles con el primer informe policial que define la muerte de Rosado como un accidente u homicidio involuntario porque su matador, el cabo Janli Disla Batista, supuestamente, no se percató de que había accionado la pistola con la cual le propinó un balazo en la cabeza.
Al ocurrir un supuesto accidente de tránsito en el que estarían involucrados la yipeta que guiaba Rosado y la motocicleta que se alega conducía Disla Batista, se produjo una persecución del cabo policial al vehículo de la arquitecta hasta darle alcance y dispararle a quemarropa por el lado de la ventana del conductor.
Lo primero que alegó la Policía fue que el homicida estaba fuera de servicio o en su día de descanso, como si esa condición justificara tan deleznable crimen, toda vez que no afloran evidencias de que ese agente y otros que habrían participado en la persecución tuvieran propósito de detener con vida a la joven profesional.
¿Cómo es posible que en vez de censurar al agente policial que le disparó a la cabeza a Leslie, la Policía alegue que ese individuo estaba en su día libre y que no se percató de que había activado el arma homicida, pese a que la yipeta de la víctima presenta varios impactos de balas?.
Un informe médico preliminar estableció que la esposa e hijos del cabo Disla Batista que supuestamente viajaban en la motocicleta no presentan evidencias visibles de golpes ni heridas, por lo que no se justifica la desproporcionada violencia empleada por ese agente contra una dama indefensa.
Duele decirlo, pero ese acto salvaje de disparar contra una ciudadana que no ofrece resistencia ni representa peligro alguno, constituye un comportamiento recurrente entre miembros de la Policía que parecen entrenados para despreciar la vida de los ciudadanos, en vez de protegerla.
A golpe de otra desgracia provocada por injustificado exceso policial, debería advertirse al presidente Luis Abinader que llegó el momento de reestructurar de pie a cabeza a esa institución, convertida en motivo de peligro y temor para una ciudadanía que ya no puede distinguir entre un buen agente y un delincuente.
