El acto indignante y denigrante que están padeciendo miles de pacientes de todo el país que reciben medicamentos a través del programa Protegido, que ejecuta el Ministerio de Salud Pública, y los antiguos trabajadores de los ingenios azucareros que reclaman la aplicación de una merecida pensión, es la más clara y absoluta muestra de degradación a que puede ser sometido un ser humano.

Los niveles de humillación, sorna e indiferencia a que están siendo sometidos esos dominicanos y dominicanas es la señal más evidente de que este sistema y este Estado que lo mantiene no tienen la más mínima sensibilidad humana y social sobre la vida y el dolor de esos pobres de solemnidad.

Hay que decirlo con dolor, la dignidad humana de los ciudadanos y ciudadanas de este país está siendo pisoteada y vejada de manera repugnante por un sistema y unas autoridades que se ufanan de proclamar, a los cuatro vientos, que el centro de sus políticas públicas es la gente. Vaya discurso.

Es inaceptable, amigos lectores, la decisión de Salud Pública de reducir el inventario y variedad de medicamentos dentro del Plan Protegido para pacientes con enfermedades catastróficas cuando es de conocimiento de todo el mundo que las condiciones económicas no les permiten cubrir los costos de los mismos.

Cómo es posible, además, que hayan quedado fuera del Plan unos 2,700 pacientes, mientras los que se encuentran dentro no están recibiendo el tratamiento adecuado, porque dentro de los 54 medicamentos eliminados los hay no duplicados.

Díganme ustedes ¿cuál será el destino de cientos de pacientes pobres y sin empleo que están padeciendo los rigores de una enfermedad renal, hepatitis, cáncer, fibromialgias, cuyos tratamientos tienen costos que oscilan entre 100 mil y 150 mil pesos al mes?

Asimismo, ¿qué será de la vida de esos ex trabajadores cañeros que llevan no sé ya cuánto tiempo reclamando la efectividad de una pensión súpermerecida y éste es el tiempo que aún las autoridades correspondientes no terminan de darles respuesta?

Definitivamente, el Sistema de Seguridad Social (87-01) y la Ley General de Salud (42-00) son garantes de nada en este caso. Al parecer, las fuerzas de los intereses que se mueven contra esas legislaciones están demostrando ser capaces de imponer su fuerza devastadora por encima de todo y todos.

Y ante todo este estado de cosas, yo me pregunto y digo, ¿¡Hasta cuándo, Dios mío!?