No se pudo establecer esta mañana si permanece como empleado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Joel Soriano, uno de los ingenieros mencionado en una nota manuscrita por el arquitecto David Rodríguez García, quien se quitó la vida el sábado en un baño de esa dependencia estatal. El Nacional hizo un esfuerzo por obtener la versión oficial pero se informó que Edwin de la Cruz, encargado del departamento de relaciones públicas y prensa, se encontraba en Santiago, sin embargo el abogado de Soriano, el doctor Víctor Sierra, informó que su defendido no ha sido cancelado.
Sierra dijo que la encargada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, aún no ha interrogado a Soriano, aunque ya investigó al superior inmediato. Dijo que fue citado nuevamente para esta tarde a las 4:00, para interrogar a su defendido sobre los hechos.
Mientras que el director de la Oisoe, ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, pidió una investigación y que se determine si Soriano y el ingeniero Alejandro Alcántara incurrieron en algún acto ilegal “y de ser así que se proceda a accionar judicialmente”.
Pagán Rodríguez a través de los abogados Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco y Yovanka Méndez Rosario, pidió “detectar, sancionar y perseguir el sometimiento de la acción pública en los hechos”.
La Oisoe planteó que de encontrar algún elemento comprometedor sean procesados por corrupción, soborno o cohecho.
En medio del revuelo que ha provocado el presunto suicidio del arquitecto Rodríguez García, el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, prometió ayer agilizar los pagos de los contratos de construcción de obras escolares y garantizó que el Gobierno no tapará a nadie.
“El que se equivoque tendrá que asumir las consecuencias de lugar ante la justicia”, dijo. Mientras la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) denunció la existencia de cárteles mafiosos alrededor de las construcciones de escuelas, hospitales y acueductos, llevadas a cabo presuntamente por la Oisoe, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y las direcciones de edificaciones de los ministerios de Obras Públicas, Educación y Salud.
Dijo que operarían luego de que ingenieros y arquitectos obtengan las obras sorteadas y sean sometidos a estrangulamientos económicos para que las mismas sean transferidas a empresas e ingenieros que no participaron en los sorteos y concursos, elevando en la mayoría de los casos el costo inicial de las escuelas y centros hospitalarios.
También la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción denunció que la situación de inseguridad en que viven cientos de pequeños y medianos empresarios de la construcción en el país, por el incumplimiento de las instituciones del Estado en el pago de las obras.
