Con la prolongada y costosa reparación del hospital Padre Billini, que se inició hace cuatro años, se repite la historia de las obras públicas: el Estado tiene que asumir los vicios o las malas prácticas de ingeniería.

Desde hace un tiempo ha habido reclamos y protestas para que se habilite el centro, e incluso contra la designación de un patronato para que vele por los servicios, pero se han ignorado los motivos que llevaron al cierre y remozamiento del hospital.

Las pasadas autoridades reconocieron que graves vicios de construcción, que constituían un peligro para pacientes y el personal, obligaron a cerrar el centro para someterlo a una amplia reparación.

Lo irónico es que el Gobierno cargó con los costos de la reparación en lugar de reclamar a las firmas constructoras que cumplieran con el trabajo. Nadie reclamó justicia por la estafa al Estado denunciada por las propias autoridades.

Como en otros casos la impunidad se impuso. Por la necesidad y alcance de los servicios ha generado muchas expectativas la información de que el hospital podría reiniciar sus operaciones en la primera quincena de agosto.

Es obvio que los trabajos no se podían paralizar y que la obra había que terminarla sin saltarse ningún detalle técnico para garantizar seguridad y un servicio de calidad.

Pero esos vicios de construcción que obligaron al cierre del hospital no deben quedar sin investigarse. Los responsables, desde los constructores hasta los supervisores, deben responder ante la ley.