Amnistía Internacional (AI) ha pretendido asestar golpe aniquilador a la agraviada reputación del gentilicio dominicano al denunciar que el Gobierno promueve políticas migratorias racistas con violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras.
La afrentosa acusación de racista que esa entidad imputa al Estado dominicano se produce en un contexto de múltiples presiones y acoso diplomático ejercido por casi todas las agencias de Naciones Unidas y grandes metrópolis para que el país asuma los daños migratorios colaterales derivados de la crisis de Haití.
No se niega que autoridades nacionales incurren en violación a derechos de inmigrantes indocumentados al momento de su detención o durante el proceso de deportación, pero Amnistía Internacional exagera al afirmar que son políticas migratorias “de facto racistas” dirigidas hacia haitianos y dominicanos.
La denuncia sobre violaciones a derechos humanos “hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras” constituye una burda manipulación, alimentada por grosera mentira puesta en escena para consumo foráneo, como si la frontera domínico haitiana dividiera a caucásicos y esclavos.
Esa entidad define la repatriación de indocumentados como “expulsiones colectivas” y “retornos forzados” a Haití, ante lo cual muestra su vocación de pro cónsul al advertir que deben cesar, sin siquiera reconocer que a un Estado soberano le asiste derecho de expatriar a extranjeros sin papeles.
Como si aquí prevaleciera un escenario de virtual apartheid, similar a los que prevalecen en América y Europa, Amnistía Internacional advierte que “en este momento crucial, es imperativo que República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista”.
La directora para las Américas de AI, Ana Piquer, debería recorrer barrios, zonas rurales, escuelas, hospitales y centros laborales para que compruebe que aquí no existen “políticas migratorias de facto racistas”, sin negar hallazgos de otros tipos de discriminación, como ocurre en Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Canadá.
Amnistía Internacional, con la afrentosa acusación de que el Estado dominicano acoge y promueve políticas migratorias racistas, se une al coro de funestas voces que presionan para que República Dominicana se involucre en la crisis haitiana y asuma una cuota de sacrificio que pondría en grave peligro su estabilidad, gobernanza y propia soberanía.
