Leyendo el artículo 2 del Capítulo I de la Constitución Dominicana, que dice: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen la Constitución y la leyes”.

Reflexiono sobre importancia de la Lay General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, dada el 13 de abril de 2004, debido a que la existencia de esta ley sirve para normar el derecho que tiene la ciudadanía a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañía por acciones con participación estatal.

Otro aspecto relevante que vale la perna destacar, consiste en la oportunidad de colaboración efectiva y sabia que le da al ciudadano para aportar a los órganos de fiscalización y control en el uso de los recursos públicos (Congreso Nacional, Cámara de Cuentas de la República, Contraloría General de la Republica y Control Social, en sus diferentes versiones), que contribuirían significativ amente a un mejor desempeño en las labores de esas instituciones.

Además de los temas esbozados, es oportuno señalar que, debido al efecto restrictivo producido en los actores de la administración pública, al conocer el derecho de la ciudadanía a requerir la información que considere pertinente, para satisfacerse de la razonabilidad ética de esta. Y, en caso de dudas y/o incoherencias, podrá dirigirse por la vía que establece la ley a la institución que corresponda.

Aunque siguen produciéndose hechos de corrupción a pesar de la ley precitada, es preciso mantener la firme decisión de hacer uso permanente del derecho a requerir información oportuna, transparente y completa sobre el uso y administración de los recursos públicos, a fin de darle seguimiento y verificar su autenticidad. Así y solo así, los corruptos y corruptores reducirán su adicción.

Esperamos que nuestros ciudadanos conscientes, continúen interesándose cada vez más en el uso y destino de los impuestos que pagamos todos, y que las instituciones fiscalizadoras ejerzan con presteza y responsabilidad el mandato constitucional que las sustenta.