Washington. EFE. Los esfuerzos del Gobierno de George W. Bush por impedir un nuevo atentado terrorista en suelo estadounidense tras el 11-S iban mucho más allá del polémico programa de escuchas sin orden judicial, según un nuevo informe.

En el documento, de 43 páginas, un equipo de cinco inspectores generales concluyeron que el ex presidente ideó un extenso programa de actividades de inteligencia secretas que generaron poderes sin precedentes al Gobierno en materia de espionaje, de acuerdo con el texto que recogen hoy los medios estadounidenses.

En el periodo previo a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA), que data de 1978, fue vista como la principal herramienta de las autoridades estadounidense para interceptar comunicaciones en pro de la seguridad nacional.

En los días posteriores al 11-S, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) se basó en esta ley para reunir información de inteligencia sobre los atentados.

En esa fecha, el entonces director de la CIA, George Tenet, preguntó al director de la NSA, Michael Hyden, si la agencia podía hacer más contra el terrorismo, a lo que éste le respondió que todo lo demás excedía las competencias otorgadas en materia de espionaje.

Poco después, Bush autorizó en un solo decreto presidencial a la NSA para efectuar actividades nuevas, altamente clasificadas.

Las actividades autorizadas por el ex presidente siguen siendo clasificadas, aunque en 2007 el entonces Fiscal General, Alberto Gonzales, reconoció en una carta que existían.

Solo se sabe lo que admitió en 2005 el Gobierno; que autorizó interceptaciones de comunicaciones internacionales sin orden judicial cuando hubiera una base razonable para concluir que una de las personas es un miembro de Al Qaeda, afiliado de Al Qaeda o un miembro de una organización afiliada a este grupo terrorista.

Este programa fue conocido como Programa de Vigilancia de Terroristas, lo que, sumado a las otras actividades no desclasificadas, derivó en el Programa de Vigilancia del Presidente».

El ex presidente Bush autorizó cada 45 días las actividades de inteligencia contra presuntos terroristas y ordenó que se mantuvieran en secreto.

El informe indica que, por expresa orden de la Casa Blanca, solo un grupo muy reducido de personas podía tener conocimiento del programa.