Toronto.— Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, en los que murieron varias personas, fueron realizados con tecnología canadiense, según un informe publicado este lunes por la organización pacifista Project Ploughshares.
El uso de sensores L3Harris
El estudio detalla que los ataques, ocurridos el 2 y el 15 de septiembre de 2025, y que dejaron alrededor de 14 víctimas mortales, fueron ejecutados con sensores electro-ópticos e infrarrojos fabricados por la empresa canadiense L3Harris.
Project Ploughshares identificó el origen del equipo a partir de la interfaz gráfica mostrada en las imágenes de los ataques distribuidas por el Pentágono, pese a los intentos de las autoridades estadounidenses por ocultar la procedencia del material militar.
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La organización recordó que L3Harris es uno de los principales fabricantes mundiales de este tipo de sensores, utilizados por fuerzas armadas de numerosos países.
Posibles violaciones del derecho internacional
Project Ploughshares advirtió que tanto observadores de derechos humanos como representantes de la ONU han determinado que los ataques, realizados en aguas internacionales contra presuntos traficantes de drogas, constituyen ejecuciones extrajudiciales, al no existir un conflicto declarado.
La entidad denunció que Canadá está legalmente obligado a impedir que sus exportaciones militares contribuyan a violaciones del derecho internacional, pero que un acuerdo histórico con Estados Unidos permite que la mayoría de estos equipos eludan los controles de exportación.
Llamado a cerrar una laguna legal
El informe recordó que Canadá se unió en 2019 al Tratado de Comercio de Armas de la ONU (ATT), que impone controles estrictos sobre la transferencia de armamento convencional. Sin embargo, un pacto bilateral con Washington firmado hace casi 75 años exime a las exportaciones canadienses hacia EE.UU. de solicitar licencias.
“Canadá no solo debería cerrar esta laguna legal para cumplir con el ATT, sino también establecer mecanismos de supervisión que eviten que su tecnología se vea implicada en futuros usos ilícitos de la fuerza”, concluyó el informe.