Es innegable el hecho de que la Policía Nacional está atravesando por un periodo de crisis, algo que no debe ser confundido, ni disfrazado con el aludido proceso de reforma institucional, el cual lleva más de 20 años sin resultado alguno. Dicho de manera sencilla, la principal agencia de seguridad ciudadana del país se encuentra no solo seriamente cuestionada sino también golpeada por un creciente descontento dentro de sus filas que está arrastrándola hacia un grave despeñadero que provocará un estallido de gran impacto en toda la sociedad.
La PN no puede ni debe ser vista como un grupo aislado, cuyas necesidades e intereses son muy alejados y particulares al resto del cuerpo social. Recientemente fue dispuesto un aumento de salario para 2,500 agentes que están laborando en uno de los programas del natimuerto Plan de Seguridad Ciudadana.
Esa medida ha tenido un impacto destructivo y desintegrador en todo el cuerpo policial, porque, en violación al derecho laboral más elemental, ha puesto a percibir un salario aumentado en más de un 200 por ciento a agentes nuevos, inexpertos, entrenados exprés y sin experiencia a ganar un salario mucho mayor que el que perciben incluso oficiales con un mínimo de diez años en servicio, la mayoría responsables y coincidentes en áreas laborales o de mayores riesgos.
Esto pone en perspectiva la urgencia de un reajuste salarial para el cuerpo policial en general y sin privilegios como es la costumbre para los que trabajan con los jefes o allegados a ellos. Tomando en cuenta los 36 mil pesos que se necesita para compensar mínimamente la canasta familiar e igualarnos a la media latinoamericana de 600 dólares.
La Policía Nacional está sumergida en una grave crisis interna que no es admitida por el estamento superior, quienes alegan que todo está bien.
Pero, cómo puede ser garante de la seguridad ciudadana un policía con sueldos de miseria, desmotivado y discriminado.
Y son esos mismos policías con los que cuenta el Gobierno como control para enviarlos a reprimir a las comunidades que protestan por demandas sociales. Pobres reprimiendo a pobres, excluidos reprimiendo a excluidos.
Los policías son víctimas del sistema como el que más, y lo peor de todo, no poseen un organismo que defienda y proteja sus derechos a lo interno ni a lo externo, ni se le permite reclamar en ningún estamento. Sin seguridad social digna, ni siquiera tienen una protección jurídica, tienen horarios ilimitados que violan las 8 horas por día.
Desde su misma institución se les discrimina y no se les reconoce el mérito ni la preparación. Ascienden los faltos de escrúpulo, así también los faltos de preparación y que se prestan a todo, en violación al escalafón y a la disciplina ética.
La Policía debe crear un sindicato u organización que los represente y defienda sus derechos. Urge quien escriba por ella. El mismo Estado los considera como seudociudadanos porque ningún policía goza de la plenitud de sus derechos civiles consagrados en la Constitución de la República. La cédula dice detrás NO VOTA, MILITAR, sin embargo los policías no son militares.
