Las tres instituciones suprimidas ayer por el Poder Ejecutivo manejaban presupuestos ascendentes a 136 millones 276 mil 917 pesos.

De acuerdo a su página web, en la sesión transparencia el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), que dirigía Marcos José Sebastián Villamán Pérez, tenía un presupuesto asignado de 102 millones 537 mil 042 pesos.

Mientras que el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), dirigido hasta ayer por Perfecto Antonio Acosta Suriel, tenía un presupuesto de 22 millones 544 mil 158 pesos.

La Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (Conaej), presidido por el doctor César Pina Toribio, contaba con un presupuesto de 11 millones 195 mil 722 pesos.

Esta comisión fue creada mediante el decreto presidencial número 420-02, el 6 de junio de 2002, con el objetivo de dirigir el proceso de implementación de la Ley 76-02, a través de un plan que involucra a todos los sectores del sistema judicial.

Entre las tres instituciones tenían alrededor de 200 empleados y según el decreto presidencial algunos serían reubicados.

De las tres instituciones suprimidas, la que más empleados tiene es el Conare que cuenta con una nómina de 78 personas, más los contratados y la seguridad.

El CARMJ tenía aproximadamente 40 empleados que ahora desconocen su destino final.

El Poder Ejecutivo, suprimió el Conare, el CARMJ y la Conaej, por considerar que cumplieron la misión para la cual fueron creadas.

La medida está contenida en el decreto 545-12, emitido anoche por el presidente de la República.

La disposición gubernamental establece que los ministerios de la Presidencia y de Administración Pública, procederán a la reubicación, si aplica, del personal que laboraba en dichas instituciones, tomando en consideración sus perfiles y competencias, en un plazo no mayor de 60 días.

El decreto indica que los planes y programas que se encuentran en ejecución en el Conare, el CARMJ y el Conaej, serán asumidos por los ministerios de la Presidencia y de Administración Pública, según corresponda.

A través de la medida gubernamental, el Poder Ejecutivo transfiere al Ministerio de la Presidencia los bienes inmuebles, espacios físicos y activos que tengan en usufructo las instituciones suprimidas.

Asimismo, establece que los pasivos para los cuales estas entidades tengan asignaciones o apropiaciones presupuestarias disponibles o en curso de asignación, serán evaluados por los ministerios de de Hacienda y de la Presidencia, y de proceder, serán pagados con fondos asignados.