Se define como grave el incidente del viernes en la comunidad fronteriza de El Carrizal, Elías Piña, donde militares dominicanos repelieron a haitianos que dispararon y lanzaron piedras y bombas incendiarias contra las tropas, con saldo de un extranjero muerto y otro herido.

Los militares custodiaban la construcción de una verja perimetral en las instalaciones de Aduanas en ese punto limítrofe ubicado a la altura de la pirámide 181, cuando fueron atacados por una turba hostil de personas encapuchadas.

Los jefes de la Tercera Brigada de Infantería del Ejército y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) afirmaron que haitianos que formaban parte de esa banda penetraron al territorio dominicano por lo que fue necesario en principio disparar fuego de advertencia contra los agresores.

El Ministerio de Defensa ha dispuesto una investigación en torno a ese incidente, en tanto que la Cancillería utilizará los canales diplomáticos para poner en conocimiento del Gobierno haitiano en torno a la agresión perpetrada por vándalos contra los integrantes de una patrulla militar en el puesto aduanal de El Carrizal.

Lo que debe quedar tan claro como sol de mediodía es que las Fuerzas Armadas defenderán siempre y con toda firmeza la integridad del territorio nacional, por lo que ninguna banda haitiana puede creerse con derecho a imponer forma de terror en el lado dominicano.

Ni por asomo

Nadie duda de las buenas intenciones que alberga la Junta Central Electoral (JCE), al disponer la creación de un Observatorio Electoral de Redes Sociales, con el propósito de vigilar las informaciones falsas sobre los procesos comiciales, pero son válidos los temores de que ese propósito degenere en afectación al derecho de libre expresión.

Una cosa sería que partidos, instituciones de la sociedad civil o particulares denuncien ante la JCE manipulación de noticias falsas a través del ecosistema de redes, y otra bien distinta sería que la Junta se erija en censor mediático, con calidad para diferenciar lo bueno de lo malo.

El pleno de la JCE debería circunscribirse al rol de jurisdicción de resolución de conflictos derivados de quejas o denuncias sobre difusión de informes, estadísticas o reseñas falsas o inexactas insertadas en las redes o en medios convencionales con propósitos desleales, pero nunca promover ninguna forma de censura previa.