En el mes de diciembre pasado, el Centro de Rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes, en el sector La Ciénaga de esta ciudad de Santiago, fue cerrado tras la acusación de parte de varios menores ingresados, de violación sexual a varios y otros crímenes de tortura y abuso, incluyendo sospechas de muerte.

El Centro pertenece a la Red Nacional de Centros Cristianos de Rehabilitación de Adictos que tiene, además, en esta ciudad, uno para hombres y otro para mujeres, y de acuerdo con uno de los pastores de la Red, el requisito para pertenecer a ella es primero, ser cristiano y tener vocación para trabajar con “ese tipo de personas”.

Quizás, por estas pocas exigencias, dos de sus directivos fueron apresados y traducidos a la justicia, Lorenzo Silverio Almonte, mejor conocido como “Julián o el Pastor”, y Joseph Yunior Guzmán, Yunito, señalados por las víctimas como perpetradores. El entorno, generalmente, reacciona al caso denunciado, testimoniando la precariedad de funcionamiento que veían, es decir que, se podría haber evitado si hubieran hablado antes.

Hay dos estudios acerca de estos centros de “rehabilitación”, uno en 2010, realizado por la Dirección de Tratamiento del Consejo Nacional de Drogas, mencionado y completado en una segunda investigación, realizada en 2015 por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), titulado: “Informe de Abusos en Centros de Tratamiento República Dominicana”.

De acuerdo con algunos datos, para 2010, de los 92 centros existentes, solo 3 estaban habilitados por el Ministerio de Salud, y 15, tenía autorización de la CND, sin que la situación hubiera variado al 2015, cuyo informe se apoyó en una muestra de 23 centros, 2 de mujeres y 21 de hombres, de los cuales, 18 pertenecían a Hogares Crea y 5, eran con enfoque cristocéntrico.

De los datos y recomendaciones de ambos informes, con 12 y 7 años respectivamente, se destaca la necesidad, ya para entonces, de intervenir estas instituciones, dirigidas por personas con formación académica limitada, con poca articulación entre sí -sobre todo los centros cristianos cuyo enfoque se fundamenta en el “pecado de la adicción”-, las condiciones inaceptables en que se desarrollan, el conocimiento de las administraciones públicas, quienes permiten que gran número operen sin cumplir la normativa vigente, conscientes de las situaciones de abuso que sufren los internos, y un gran etcétera.

Entonces, la política administrativa de este país, acelerada en un año preeleccionario, es hora de que responda por los niños, niñas y adolescentes, interés superior de este país constitucionalmente. Y la sociedad también.