El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado este martes de un recurso de amparo, a fin de que se le dé cumplimiento del derecho constitucional a la educación con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el Presupuesto y Ley de Gastos de 2011.
El recurso fue presentado por los abogados Juan Manuel Pellerano Gómez, Luis Miguel Rivas, Elizabeth Mateo Pérez, Luis Rafael Pellerano Cabral, Federico Ortiz Galarza y Mildre Abreu Hernández, a nombre y representación de la Coalición Educación Digna, conformada por 165 organizaciones de la sociedad civil junto a 1,265 ciudadanos y ciudadanas.
En la instancia los juristas pidieron al tribunal condenar al Senado y la Cámara de Diputados de manera solidaria al pago de una indemnización diaria de 10 millones de pesos a favor de los accionantes en amparo por cada día de retardo en la ejecución de la decisión a intervenir.
Asimismo, solicitaron a los jueces del Tribunal Superior Administrativo ordenar al Senado y la Cámara de Diputados aprobar la ley de Presupuesto General del Estado 2011 antes del 31 de diciembre del 2010, ya que de lo contrario la misma seguirá vigente.
Pedimos al tribunal ordenar a ambas cámaras cumplir con las disposiciones de la ley 66-97, y muy en particular los artículos 197 y 198 de dicha ley, en la Ley General de Presupuesto General del Estado 2011 a ser aprobada, aducen los abogados en la instancia.
Este es una estado social democrático de derechos establecido así en nuestra Carta Magna, y el Congreso estaría violentando la misma esencia del Estado si no cumple con la garantía de los derechos fundamentales, en ese caso la Educación, adujo Pellerano Gómez.
Mateo Pérez, vocera de la Coalición Educación Digna sostiene que la acción de amparo se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, de la que nadie está exento y que todos tienen que cumplir.
De su lado, Octavio Figueroa, director del Centro Juan Montalvo, dijo que cada vez son más las personas que luchan por una educación digna y una mayor inversión en Educación.

