Si alguien se ha sorprendido por la forma alegre y avasallante con que el Congreso peledeísta aprobó la reforma fiscal planteada por el presidente Danilo Medina y la camarilla de Leonel Fernández, se trata de un descerebrado. Las veces que durante el proceso electoral se alertó a la población sobre la pretensión absolutista del PLD, es decir, el propósito de establecer una dictadura constitucional, son incontables.

No obstante, debido al pragmatismo morado y a la torpeza de la alta dirigencia del PRD para manejar el tollo político y económico que ocasionó la crisis bancaria y la pretensión reeleccionista de Hipólito Mejía, ahora el juicio despectivo expresado por Lidio Cadet, para referirse al pueblo que votó blanco en las elecciones del 2000, es una verdad casi axiomática. Es cierto; el mal comío, no piensa. Y si alguna vez se le ocurre razonar, siempre lo hará a favor del que le da de comer.

De modo que lo dicho por el entonces secretario general peledeísta, y que fuera considerado un grave exabrupto, pues hasta le costó el cargo, ¡paradoja de la vida!, es parte esencial de la estrategia permanente del comité político del PLD desde los comicios de 2004. A esa línea es que debemos los tantos pseudoprogramas de bienestar social, cuya verdadera finalidad es mantener cautivos en el corral de la indiferencia a los paraindigentes que pululan por las calles mendigando un empleíto.

Sin embargo, lo mejor de la actual situación, es que se proyecta peor, luego de la reforma tributaria. La actitud prepotente y temeraria adoptada por los que hoy detentan el Poder, no hace menos que atizar una deseable reacción popular ante la falta de un auténtico Estado de derecho. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humano en su tercer considerando así lo contempla: Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión