El Consejo del Poder Judicial (CPJ) se reunió esta mañana de urgencia y dispuso que el Departamento de Inspectoría de ese organismo inicie una investigación contra la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine Rubio Matos, para determinar los motivos, razones y circunstancias que la llevaron a otorgarle un “permiso navideño” a un grupo de presos, entre los que figuran condenados a 30 años de cárcel por los casos de Paya, Figueroa Agosto y Rolando Florián Félix.

Una fuente informó que los integrantes del CPJ se reunieron a primeras horas de la mañana y dispusieron que el Departamento de Inspectoría investigue el caso de inmediato y que rinda un informe a la menor brevedad.

Se supo que de inmediato, un cuerpo de inspectores se trasladó al Departamento judicial de San Cristóbal, para iniciar la investigación de lugar.
Además, que la magistrada Rubio Matos orientó a los presos de ese departamento judicial sobre el derecho que les confiere la ley para solicitar permiso para pasar las navidades con sus familias.

Una fuente confió esta mañana a El Nacional que la investigación fue iniciada de oficio desde el pasado viernes por Inspectoría del CPJ, a la espera de que hoy en la mañana se reunieran los miembros de ese organismo.

Otra fuente consultada por El Nacional en la cárcel de Najayo reveló que la magistrada Rubio Matos celebró reuniones en grupos por separado para comunicarles a los presos el derecho que les concede el Código Procesal Penal de solicitar permisos para pasar las navidades con sus familiares.

“Les hizo saber que estaban en el derecho de solicitar cualquier tipo de permiso para pasar las navidades en familia y que si ellos lo hacían, ella estaba en disposición de conocer sus pedimentos”, declaró la fuente.

De acuerdo a la fuente, el caso fue conocido en reuniones en grupos y no en un encuentro general, como al entender de algunos presos debió de ser.

“Nos dijo que nosotros estábamos en el derecho de someter cualquier tipo de pedimento en ese sentido a través de nuestros abogados y que ella estaba en disposición de conocerlos”, declaró un preso consultado por El Nacional, el cual de paso aclaró que su solicitud no fue aceptada por dicha magistrada.

Sin embargo, una fuente de la Procuraduría General de la República declaró esta mañana que hasta el momento no se han evidenciado indicios penales para iniciar una investigación contra la magistrada.

No obstante, la Procuraduría informó que los presos beneficiados con la medida de la magistrada Rubio Matos fueron retornados a sus respectivas cárceles.

En un comunicado de prensa, explicó que el Ministerio Público logró mediante la revocación del Auto 301-01-1289-2017, de 29 de diciembre del 2017, emitido por la magistrada Rubio, “retornar a sus centros a los internos beneficiados de forma irregular”, sin precisar en qué consiste la irregularidad.

Informó que fueron retornados al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombre, 20 internos, 14 al Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro, y ocho internas que guardaban prisión en Najayo Mujeres, para un total de 42 internos, éstos en adición a los que no se les permitió la salida al momento de identificar las citadas irregularidades