Cuando en el mundo se habla de sustituir vehículos alimentados por combustibles fósiles por los de generación eléctrica, aquí se pretende aprobar una ley que permitiría el ingreso de carros, camionetas, guaguas y camiones con hasta diez años de fabricados, lo que significaría un retroceso en materia de protección ambiental.
La importación de virtuales chatarras descartadas en Estados Unidos, Europa y Asia sería como condenar al país y a su población a sufrir un incremento en las emisiones de dióxido y monóxido de carbono, además de aumentar de manera caótica el parque vehicular estimado hoy en casi siete millones de unidades, incluidos dos millones de motocicletas.
Al senador Franklin Rodríguez (FP-San Cristóbal) se atribuye proponer la modificación de la ley 147-00 para ampliar de cinco a diez años el límite a la importación de vehículos usados, lo que colocaría a República Dominicana de espalda a convenios internacionales referidos a la protección del medio ambiente.
Tan irracional propuesta legislativa se sostiene en el criterio de que dominicanos residentes en Estados Unidos podrían traer sus vehículos con al menos un decenio de uso, lo que constituye un contrasentido porque hay leyes que permiten ingresar en las mudanzas de retorno carros con menos de cinco años de fabricación, lo que resulta más ventajoso.
El senador Rodríguez debería saber que la economía dominicana bordea la frontera de renta media con un pujante mercado de vehículos nuevos y usados, que permite a instituciones bancarias, importadores y concesionarios financiar miles de unidades anualmente, lo que hace innecesario alentar por ley la importación de más chatarras.
El parque vehicular ha sido alterado por masivas importaciones de carros usados descartados en otros países, que son mercadeados aquí después de reparaciones y modificaciones de motor y cambio de guía, lo que agrava el nivel de contaminación ambiental y la salud de la ciudadanía.
Los dominicanos residentes en el exterior deberían recibir incentivos o reducción de impuestos o arancel en la importación de vehículos nuevos, enseres del hogar o equipos para la instalación de negocios o emprendimientos, pero no para traer un dolor de cabeza como sería un carro con diez años de uso.
Ojalá que el senador Rodríguez desista de ese propósito, que además de no representar ningún beneficio para la comunidad dominicana en el exterior, infligiría un daño aún mayor al que ya confronta el país en términos de congestionamiento de tránsito y de contaminación ambiental. Una irracionalidad.
