La terrible tragedia de la madrugada del 8 de abril recién pasado en la discoteca Jet Set nos marcó a todos. Con el desplome de su techo generó 233 muertos y otra cantidad más de sobrevivientes lesionados físicamente. Más el trauma sicológico directo de los familiares de las víctimas y las consecuencias en el imaginario colectivo.

Resulta lógico que los afectados directamente sientan la necesidad de que se haga justicia. Y esa es una actitud civilizada. Habla muy bien de los dominicanos y del nivel de educación cívica alcanzado. Nadie reclama venganza o acciones físicas personales.

Ciertamente, la ley del Talión, del ojo por ojo y diente por diente, quedó sepultada en el zafacón de la Historia. Mahatma Gandhi nos enseñó que, si seguíamos aplicando esa disposición, que por tantos años tuvo vigencia en los pueblos antiguos, la Humanidad se quedaría ciega.

Los medios de comunicación, atentos siempre a estas situaciones, han informado que van diversas demandas judiciales interpuestas contra los dueños de la discoteca Jet Set. También pusieron en causa al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Estado dominicano, como personas jurídicas y civilmente responsables.

El fundamento jurídico de esas acciones judiciales, que persiguen indemnizaciones por daños y perjuicios, en síntesis, es que la tragedia se produjo por negligencia culposa, imprudencia censurable e incumplimiento de deberes legales. O sea, la falta de mantenimientos, supervisiones y reparaciones en las estructuras colapsadas. Además, de uso y dedicación para fines diferentes a los que, originariamente, fueron construidas.

El homicidio involuntario, consagrado en el artículo 319 del Código Penal, y la responsabilidad civil, de los artículos 1382 y siguientes, son las bases legales de los reclamantes. Los Arts. 38, 42 y 61, sobre la dignidad, la integridad y la salud y humanas, de la Constitución, y otras normas.

Todos los que fueron perjudicados con el dramático hecho tienen derecho, obviamente, a accionar ante los tribunales. Y el Poder Judicial está en la obligación de otorgar una solución justa, pronta, eficaz y eficiente a esos requerimientos de justicia.

Los resultados judiciales estarán determinados por las pruebas legales con que se conformen los expedientes. Sobre todo, porque los jueces y tribunales están sujetos a la legalidad que impone nuestro ordenamiento constitucional. No bastan las especulaciones y comentarios de pasadas, por más resonancias que tengan en los medios de comunicación, para crear la decisión de los juzgadores.

Nuestro ordenamiento jurídico actual desplazó el sistema de íntima convicción del juez, que descansaba en el mero convencimiento del magistrado, por el sistema acusatorio, basado en las pruebas aportadas.