Por lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, el conocimiento en ese hemiciclo de la propuesta de juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas se convertiría en la madre de todas las batallas legislativas con frontal duelo entre oposición y gobierno.
Alfredo Pacheco citó entre las razones que considera válidas para enjuiciar al pleno de esa institución irregularidades como ocultamiento de auditorías, decisiones ilegales asumidas después que el presidente del organismo cerraba las sesiones, así como usurpación de funciones.
Los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación (PLD)consideran que no hay razones suficientes para incoar juicio político, al tiempo de acusar al Gobierno de pretender controlar ese organismo, lo que avizora una fuerte confrontación cuando ese tema sea puesto en la agenda del día.
La Contraloría General de la República ha asumido el rol de la Cámara de Cuentas al divulgar 18 auditorías de hace dos años que han suscitado atención mediática y de la ciudadania, aunque se sabe que su función es de control y no de fiscalización.
Esa propuesta de juicio político, cuya aprobación requiere de una mayoría calificada en la Cámara baja, coincide con el inicio de la campaña electoral, lo que hace suponer que el debate se centraría en ese tema y no en las ofertas municipales que promoverían.
En términos prácticos, la Cámara de Cuentas ha quedado virtualmente inhabilitada a causa de un proceso penal incoado contra su presidente, la solicitud de juicio político contra sus miembros y por la crisis de reputación que le embarga.
No se sabe si el anunciado debate legislativo sería en torno al juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas o si se organiza otro circo romano de cara al proceso electoral, máxime ahora que los que colocaron con su mayoría congresual a esos funcionarios, hoy pugnan por desalojarlos deshonrosamente.
A causa de este conflicto quedarán varadas decenas de auditorías practicadas por el órgano constitucional facultado para identificar tipos penales en la gestión de fondos públicos, pero cuando sea posible publicarlas carecerán de fortaleza ética para alcanzar rango de pruebas de cargo contra funcionarios corruptos de ayer o de hoy.
