Pensar en la justicia digital es pensar en modernidad judicial, tecnología, progreso y desarrollo. Por fortuna, en nuestro país se está pensando seriamente en eso. Más aún, se están dando los pasos pertinentes para que esa idea se materialice en la administración de justicia. Y eso, sin ningún género de duda, representa un giro copernicano para el Poder Judicial dominicano.

Sin mezquindad, tan común en nuestro medio, debemos admitir que el magistrado Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder judicial, fue el que dio el banderazo inicial para ese proceso. A él le cabe la gloria de esa realidad. Y es patriótica, porque lo que beneficie a la sociedad toda, hoy tiene una trascendencia patriótica.

Con la justicia digital entramos a una nueva era. Es imprescindible que el Gobierno garantice la seguridad energética y que amplíe las facilidades fiscales para que los equipos tecnológicos se abaraten en el mercado.

Sabemos que tenemos un marco jurídico, con la Ley núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. G. O. No. 11076, del 29 de julio de 2022.

Se trata de una ley de principios y será complementada por reglamentos. Se han afinado las reglamentaciones para las audiencias virtuales, exceptuando las de la materia penal, por sus características especiales. Y siempre deberán respetarse las reglas del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, como garantías del Bloque de Constitucionalidad, con los artículos 68 y 69 de la Ley Sustantiva; la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos normativos.

Muchos abogados no tienen todavía las posibilidades de beneficiarse plenamente con la justicia digital. O tienen carencias materiales o les faltan las habilidades y conocimientos imprescindibles del mundo de la tecnología y la comunicación (TIC). No todos tienen recursos económicos para pagar a un colaborador que les supla en esos manejos computacionales.

Ahora bien, para los profesionales del derecho que están a la altura de las circunstancias actuales, su ejercicio es impactado provechosamente por las TIC. Producen documentos jurídicos con asombrosa eficiencia, eficacia, facilidad y rapidez. Llevan sus agendas con precisión milimétrica. Y hasta podrían asistir a audiencias virtuales en diversos puntos de la geografía nacional, como Barahona, El Seibo, Puerto Plata y Samaná, en una misma mañana, y sin salir de su oficina. Eso es asombroso.

Montarse en la ola de la justicia moderna es un reto para todos.