El revuelo provocado en los partidos de oposición la decisión de la JCE de regular la precampaña proselitista anticipa, a todas luces, el carácter de la lucha que culminará con las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año entrante.

El candente rechazo al comunicado de admonición no se limitó a consideraciones jurídicas y políticas, sino que implicó un desafío a la autoridad del tribunal como rector de los procesos e incluso un cuestionamiento a la integridad de su presidente Román Jáquez. Para quienes tienen ojos para ver, con el alboroto todo está muy claro.

De Jáquez se dijo que había impuesto la resolución, como si fuera un títere, por órdenes del Gobierno. Pero llama la atención que ese Jáquez que hoy es cuestionado es el mismo que en los Gobiernos del PLD, el Consejo Nacional de la Magistratura había designado como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En reconocimiento a su desempeño y a su equidistancia del partidismo político en la actual gestión los miembros del organismo lo nombraron en la JCE.

Se le prefirió por encima de profesionales de la solvencia moral de Eddy Olivares Ortega, porque, en aras de fortalecer el sistema institucional, se optó por una JCE integrada por personas apartidistas.

La más bonita es que el PLD y Fuerza del Pueblo habían suscrito con la JCE en noviembre de 2022 un compromiso denominado por la “integridad electoral” que contemplaba las restricciones que hoy esos partidos califican de inconstitucionales. Ese acuerdo establecía que en el período previo a la precampaña las actividades de partidos y candidatos se reducirían al ámbito interno, por lo que quedaban prohibidos las caravanas, concentraciones y mítines en lugares públicos, así como la colocación de vallas, cruzacalles y la promoción a través de los medios. Es obvio que se dieron cuenta tarde de que el acuerdo no beneficiaba su causa, pero en lugar de buscar una reconsideración por la vía institucional, prefirieron emprenderla contra la JCE.

De la misma manera en que la JCE se perfila como blanco para deslegitimar o alborotar el proceso electoral, de esa misma forma no deja de sorprender, aunque aquí todo sea posible, que los partidos que buscan el poder por medios democráticos traten de anarquizar el sistema a través de la confrontación. Sabiendo de las sensibilidades que permean las relaciones políticas, económicas y sociales la JCE pudo incurrir en un desliz al apoyar la resolución en la ley y en el acuerdo que había suscrito con las organizaciones. El alboroto debe servirle de experiencia para que en lo adelante sepa medir bien sus pasos y para darse cuenta de que sus decisiones están en la mira por lo menos de los partidos opositores.