La Junta bajo fuego

Las impugnaciones y alegatos de fraude no son la única papa caliente que afronta la Junta Central Electoral (JCE). También está el escándalo que ha destapado la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias (Lidap) sobre el gasto sin control en que habría incurrido el organismo durante el proceso. De hecho, la indiferencia del tribunal frente al abuso de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas constituye de por sí una nota negativa en cuanto al desarrollo del certamen, a tal punto que hay quienes lo califican como el más viciado de los últimos tiempos. Y como si fuera poco la Lidap le ha enrostrado falta de control en la millonaria inversión publicitaria al no contar con un sistema de monitoreo ni apoyarse en estudios de mercado. La realidad es que tratándose de una oficina pública, cuyos fondos provienen de la Ley de Presupuesto, la Junta debe licitar el pastel publicitario. Además por un asunto de transparencia.  No importa la magnitud del ahorro que en verdad pueda  representar la contratación de la promoción directa. Todavía la Cámara Contenciosa actúe con el más estricto apego a la justicia, que lamentablemente no es lo que se percibe, de todas formas la imagen de la Junta ha quedado muy maltrecha en este proceso, si no en capacidad al menos en independencia. Las impugnaciones por descuadres, actas alteradas e incidentes sobre recuentos de votos se tenían como un asunto del pasado, pero además en la calle está el comentario al pecho sobre maniobras que se habrían cometido para favorecer a determinados candidatos. Al tomar parte en los conflictos los magistrados Roberto Rosario y José Angel Aquino no han hecho la mejor contribución para bajar las tensiones. Lo ocurrido en estas votaciones es para que se revise el sistema de arriba abajo a fin de transparentar todo lo concerniente a la organización y ejercicio del sufragio, incluyendo el gasto publicitario.