Muy lamentable la tragedia ocurrida en el sector Quita Sueño, Bajos de Haina, San Cristóbal, tras el choque de una patana que transportaba cemento con un minibús cargado de pasajeros, resultando al menos 13 fallecidos y 17 heridos de gravedad. Entre los muertos fue hallado el cuerpo del chofer del minibús, Uri Méndez de León.

Esas pérdidas de vidas y sufrimientos de familiares, allegados y consternación de la sociedad se pudieron evitar, así como la de otras personas víctimas de accidentes, si se respetaran las normas de tránsito.
La falta de planificación e irresponsabilidad de los distintos gobiernos han permitido un crecimiento sin control alguno del parque vehicular, sobre todo de motocicletas que rondan los tres millones de unidades.

Ese crecimiento se debe a la falta de un transporte colectivo eficiente, que cumpla con las necesidades de movilidad de los trabajadores, estudiantes y profesionales, entre otros que demandan el servicio.

La OMS cita a nuestro país con la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en las Américas, con un 34.6 % de muertes por cada 100,000 habitantes, pese a los altos presupuestos del Intrant y Digesett.

El tránsito vehicular es un caos, porque no se regula como manda la Ley 63-17. Se desconocen las cifras oficiales, pero muchos conductores carecen de licencia, entre ellos menores de edad.

Innumerables vehículos transitan sin placa; en franco deterioro y conducidos de forma temeraria; cruzando semáforos en rojo; estacionando en zonas prohibidas, entre otras violaciones.

¿Por qué no hay régimen de consecuencia contra el infractor de la Ley 63-17, que tiene por objeto regular el tránsito y seguridad vial? Sencillo: Porque no se le considera como tal, sino como un voto en las elecciones.