La Cámara de Diputados repitió ayer la dosis suministrada en el Senado al proyecto de Código Penal, de aprobarlo liberado de lectura, aunque el presidente del hemiciclo prometió que mañana la pieza sería objeto de debate y enviada a una comisión especial para ser revisada “artículo por artículo”.

El maquillaje protocolar prometido por Alfredo Pacheco “para darle una señal al país”, no parece evitar que esa pieza sea convertida en ley tal y como fue votada en el hemiciclo alto, más aun cuando se impuso el criterio de no incluir en el texto a las causales que permitirían la interrupción del embarazo.
Como para alborotar aún más el escozor colectivo, el diputado Eugenio Cedeño (PRM La Romana) afirmó que la relación sexual no consentida, por la fuerza, perpetrada por un hombre contra su esposa, no constituye un delito, por lo que no puede ser tipificado como tal en el Código Penal.

Ese legislador dijo que si él desea embarazar a su pareja porque “le da la gana”, la dama debe corresponderle “aunque ella no quiera”, sin alcanzar a entender que el consentimiento es un derecho inalienable con rango constitucional al que no se renuncia por vía del matrimonio ni del acoso sexual.

Ha hecho bien el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en apartarse del misógino planteamiento del diputado Cedeño que coloca a la mujer como un objeto del hombre al que le debe pleitesía ilimitada, quien por demás rechaza que constituya violación sexual el sexo no consentido con el cónyuge.
Las cámaras legislativas deberían hacer caso al dicho aquel de “quien espera lo mucho espera lo poco” y aguardar hasta el próximo Congreso a instalarse el 16 de agosto para entonces revisar con mayor detenimiento una pieza que cumplió mayoría de edad en los vericuetos legislativos.

Como todo luce indicar que ese proyecto será convertido en ley, “llueva, truene o ventee”, la Cámara de Diputados debería guardar las apariencias, con su previo envío a una comisión especial, asesorada por especialistas en derecho penal para que se reparen algunas barbaridades insertas aun en su contenido.

Mucho tiempo después, cuando se hable de las falencias del Código Penal dominicano, la historia posiblemente sea implacable contra el comportamiento dubitativo, genuflexo, temeroso y obediente a intereses fácticos y políticos asumidos por el Congreso de la República durante más de 20 años. Que cada cual cargue con su responsabilidad.