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Por definición, el orden público y la seguridad ciudadana, que son coincidentes, constituyen una prioridad en todo Estado moderno.

Desde sus más remotos orígenes tribales, las familias han tenido como principio fundamental, junto a la alimentación y la vivienda, el disfrutar de un orden dentro del cual la vida social esté garantizada.

Por eso, disfrutar de la paz y la seguridad, a veces incluso a costa de cierto grado de restricción de otras libertades, es un anhelo común, no solo de los dominicanos, sino de los habitantes de todos los países de la tierra.

Pero al mismo tiempo hay que señalar que salvo en los casos extremos de los totalitarismos radicales, de extrema izquierda o de extrema derecha, ningún gobierno que se precie de democrático puede por sí solo el garantizar el orden y la seguridad de manera absoluta, y que la colaboración ciudadana es fundamental en la consecución de ese objetivo.

Las autoridades han tenido entre sus prioridades el garantizar el orden y la paz pública, están haciendo cuanto ha estado a su alcance, y dentro de sus posibilidades y recursos humanos y materiales.

Pero es evidente que en la medida que las naciones se desarrollan, a todos los niveles, la delincuencia no se queda atrás, y desarrolla nuevos métodos de violación de leyes.

Ahora mismo, a nivel mundial, el problema del narcotráfico es uno de los mayores retos que enfrentan las agencias de seguridad de los estados, para frenar la criminalidad que se mueve en torno a los cientos de miles de millones de dólares que produce esa actividad criminal, situación de la que vemos un reflejo en el diario acontecer del pueblo dominicano.

Por eso es de prioridad la transformación radical de la policía nacional para poder combatir el flagelo con éxito de la delincuencia común, que cada día se torna más sofisticada, mientras sus tentáculos se mueven más allá de nuestras fronteras, pero sin la colaboración decidida de todos los ciudadanos, alcanzar ese objetivo será ilusorio.