De nuevo la penitenciaría de La Victoria ocupa un protagonismo mediático negativo, que se ha extendido por semanas, debido al incendio que destruyó parte de sus pabellones con un saldo provisional de víctimas fatales cifrado en 13 y pendiente de esclarecer origen y circunstancia del suceso.

Este sitio, según conocedores, puede compararse con un gran sector residencial de notoria distinción de clases sociales y como ejemplo minúsculo de luchas por poder y control económico de un lugar preñado mayoritariamente de personas en situación de “prisión preventiva” por “casos complejos”.

La Victoria tiene sus reglas particulares, no escritas, en las que prevalecen códigos conocidos en su interior y no divulgados fuera de sus muros que han sido testigos de torturas y vejaciones como prácticas indignantes y todo tipo de componendas y planificación de crímenes como si fuese un postgrado delictivo.

Fue abierta hace más de 70 años con capacidad para alojar un máximo de mil 200 presos y en la actualidad su característica negativa principal es la sobrepoblación, estimada en más de siete mil personas, hacinamiento que conlleva secuelas denigrantes y discriminatorias contra la ley y el orden.

Los supuestos propósitos de la Era del PLD por eliminarla, con la construcción de la cárcel Las Parras, se convirtió en proyecto de extraordinaria corrupción administrativa con distracción millonaria de recursos como obra que corona la gestión cuestionada del pasado procurador Jean Alain Rodríguez.

La Victoria como tal, con toda su carga de herencia trujillista original y su situación de emergencia cada vez más grave como lo prueban sus últimos incidentes, es una derrota para las autoridades pasadas y presentes que aún están a tiempo de clausurarla. Y, además, descongestionar prisiones y humanizarlas.