El Gobierno fue mucho más lejos de lo que se preveía al ordenar el cese inmediato de la extracción de minerales en el centro y áreas de amortiguamiento de las Cuevas del Pomier.

Para no dejar dudas de la importancia que reconoce a las excavaciones se dispuso la militarización de lo que se definió como monumento natural de gran importancia histórica.

Es una decisión que comparten no solo los ecologistas que han defendido el patrimonio, sino los más variados sectores. Con la prohibición e intervención el Gobierno solicitó a la UASD, Intec y la Pucamaima diseñar, a la mayor brevedad, un plan para remediar los daños sufridos por las cuevas.

En su rendición de cuentas el presidente Luis Abinader expresó su interés de que el monumento natural sea convertido en la capital prehistórica del Caribe, para más adelante solicitar a la Unesco que lo declare patrimonio cultural de la humanidad.

Las cuevas han sido afectadas no solo por actividades legales, sino ilegales. De ahí la importancia de la militarización para proteger sus grabados y riqueza cultural y económica de excavadores furtivos siempre al acecho.