El Gobierno basó su no adscripción al pacto migratorio de las Naciones Unidas en que el acuerdo, cuya discusión arrancó hoy en Marruecos, era oneroso para los intereses nacionales. Pero ante el alud de declaraciones contrarias al convenio, sobre de todo de sectores con tanto peso como el empresarial, solo bastaba con decir que no se firmaría, sin necesidad de mayores explicaciones. Pero ya que el Gobierno quiso motivar su decisión debería aclararse ¿cuáles son esos intereses patrios a los que el tratado internacional resulta oneroso?.
Bien vistos, los principales objetivos del denominado Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuya discusión lleva más de dos años, es fácil la conclusión de que el Gobierno prefirió evitar el costo político antes que suscribir un proyecto que no regatea a los Estados el derecho soberano a determinar su propia política migratoria “ni la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional”.
El carácter no vinculante y los más de 2.5 millones de compatriotas que residen en el exterior son factores dignos de ponderarse para respaldar el proyecto. Pero es obvio que se pensó más en el haitiano que entra que en el dominicano que sale.
Sobre la presencia haitiana, que en definitiva ha sido la real causa de la oposición al pacto, las Naciones Unidas cita lo que pudo verse como pie de amigo: la solidaridad internacional para encarar el fenómeno, partiendo de que, por su dimensión, ningún país está en condiciones de abordarlo por sí mismo.
Pero no, se prefirió sintonizar con una corriente variopinta, en la que había hasta sectores políticos que, abjurando de su trayectoria, solo buscaban hacerse graciosos o pescar en río revuelto. Si la inmigración haitiana fuera regulada, y no el gran negocio que representa para grupos de poder, no se tendría el gran drama que representa su numerosa presencia en el país.
Como en “Los pasos perdidos”, la novela del escritor cubano Alejo Carpentier, el Gobierno se desvió del camino al no adherirse a un pacto que entre sus más connotados contradictores tiene nada más que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Trump que ha planteado revisar hasta el estatus de los inmigrantes legales para echar del país a todos los que se determine que hicieron trampas para completar el proceso. (Habría que ver lo que una decisión así supondría para el país).
El pacto de la ONU, que deja en manos de los Estados las decisiones legislativas para aplicarse, que no es más que un marco de cooperación no vinculante jurídicamente, como los tratados internacionales, es un valioso instrumento que un país como República Dominicana en modo alguno debió rechazar.
