Congresistas de la derecha colombiana piden que el gobierno encabezado por Álvaro Uribe Vélez lleve a los tribunales internacionales al Gobierno de Venezuela por espionaje telefónico, dado que la conversación registrada entre Carlos Galvis, ex cónsul en Zulia, y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, fue sostenida a través de un teléfono del consulado. ¡Ahora son ellos los ofendidos! En marzo pasado, buscando alegados enemigos enviaron su Ejército a territorio ecuatoriano, y ahora quieren mover Cielo y Tierra por una supuesta ofensa.

¿Y qué decir de las continuas penetraciones de paramilitares de ultraderecha a territorio venezolano por la frontera con Colombia? ¿Y del denunciado vínculo entre esos grupos y el gobierno al que sirven Galvis y Gaviria? Aunque haya encuentros entre presidentes, saludos y otras poses diplomáticas, las relaciones entre Venezuela y Colombia son tensas, y eso es inocultable.

Los congresistas Jairo Clopatofsky y Hernán Andrade, piden que sea castigada la acción de espionaje, pero no se han detenido a analizar el papel de los funcionarios de su país en las elecciones regionales cuyos resultados en Zulia celebraban Galvis y Gaviria. Decían que Pablo Pérez, el nuevo gobernador de Zulia, y Manuel Rosales, nuevo alcalde de Maracaibo, son buenos amigos y lo sucedido, para el trabajo nuestro de allá, debe ser maravilloso.

La reacción de los congresistas, ambos aliados al gobierno de Uribe, deja claro que Galvis actuó siguiendo una línea del gobierno al cual servía en Zulia y sirve ahora desde Colombia.

Otro congresista del ala conservadora del opositor Polo Democrático, Jesús Bernal, dice que el Gobierno de Colombia debe pedir cuentas a Chávez, pero reconoce que el ex cónsul opinó sobre asuntos internos de Venezuela. ¿Quién no se da cuenta de esto último?

Sucede, sin embargo, que el Gobierno de Venezuela tiene la responsabilidad de resguardar las fronteras de su país y debe tener presente que tiene un vecino que desestabilizador.

Las incursiones de elementos paramilitares por los estados fronterizos con Colombia no son hechos casuales, y hay que apuntar que ex presidentes y dirigentes del Polo Democrático, dentro de la misma Colombia, sostienen que el propio presidente Uribe tiene vínculos con los paramilitares.

Si se cae en delito de prensa al validar esta afirmación, no ocurre lo mismo cuando se indica que, en más de una ocasión, el presidente Uribe ha propuesto que a los grupos paramilitares les sean perdonados todos sus pecados (es decir, sus numerosas deudas de sangre) y que en el marco del mal llamado proceso de desmovilización, pretendió que no se levantaran cargos contra jefes y jefecillos paramilitares responsables de muchas matanzas. Eso está bien documentado.

Crece, pues, el peligro de que aumenten en número y frecuencia las incursiones de elementos paramilitares a Venezuela por estados fronterizos, y también el de la penetración velada. Los 4.7 millones de dólares invertidos por agencias de Estados Unidos en la campaña interna en Venezuela en este año y la presencia de organizaciones controladas por la ultraderecha y disfrazadas en muchos casos de instituciones de trabajo social, favorecen esta acción. Ahora tienen el apoyo de 5 gobernadores de derecha.

El Gobierno Constitucional de Venezuela está en la obligación de hacer frente a todo esto. Exigió la retirada de Galvis, y fue atendido.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, celebró su elección anunciando que llevaría policías israelíes a entrenar agentes locales. ¡Es mucha coincidencia con sus pares colombianos!

Galvis sigue defendiendo su derecho a opinar, y lo hace porque tiene apoyo dentro del gobierno de Uribe y de los grupos que lo sustentan.

Cuando Condoleezza Rice haga la lista de los desestabilizadores en Suramérica, se le puede decir que mire hacia el más fuerte aliado de EU, el que ordenó la incursión en Ecuador matando a 25 personas, para más señas… Hay memoria…